La Auditoría General de la Nación hizo público un informe en el que señala violaciones de la Ley de Bosques en la provincia de Salta durante el período comprendido entre julio de 2013 y diciembre de 2016.
El documento exige entre otros puntos, la anulación de los permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados. Es decir, está en sintonía con las recomendaciones que elaboró el mencionado ministerio a principios de este año a la provincia y que derivaron en la suspensión de los desmontes en Salta.
La auditoría es crítica respecto a la implementación del Ordenamiento Territorial en Salta y señala que se generó un marco legal para no obedecer las disposiciones nacionales y provinciales por parte de grupos económicos que habían invertido en tierras con fines de producción de comodities tal como la soja.
El escrito se concentra en 32 fincas que fueron recategorizadas por el gobierno provincial y señala que las tierras de dichos propietarios habían quedado inhabilitadas para la realización de actividades productivas
Además, indica que desde 2010 a diciembre de 2014 las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron a 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha.
El documento señala: “Estos desmontes deben ser categorizados como desmontes ilegales si tenemos en cuenta que una norma provincial no puede alterar nunca los estándares mínimos de protección ambiental otorgados por las leyes nacionales de presupuestos mínimos”.
“Casi 200.00 ha se han desmontado con la autorización gubernamental en Salta. Este problema se ve agravado si sumamos los desmontes que se hicieron de manera ilegal sin la autorización gubernamental, los cuales según estadísticas oficiales que surgen del informe técnico de actualización de OTBN de Salta; llegan a un total de 257.828 ha”, agrega el documento.
Finalmente, el informe recomienda que, como consecuencia de la ilegalidad de dichas autorizaciones, el proceso de actualización del OTBN en la Provincia de Salta “debería anular los permisos de desmontes aun no ejecutados para que esas tierras recuperen el valor de conservación anterior. Y recomponer las áreas afectadas por los desmontes ya realizados”.