Dib Ashur aseguro que su ministerio no maneja fondos de la obra social provincial y que también esperan informes al interventor. ¿Gladis Sánchez es protegida de Sáenz?
Tras largos meses de crisis extrema en el Instituto Provincial de Salud, el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, salió a despejar sospechas, afirmando que su área de Gobierno, no maneja fondos del fundido IPS. Además, prometió dar a conocer los gastos en pauta oficial, que no se informan desde hace años.
En radio Infinito, Roberto Dib Ashur fue consultado sobre el tema, luego de varios trascendidos que indicaban que el ministerio de Economía retenía indebidamente fondos prestacionales de los empleados públicos.
“Hay un área que es de Recursos Humanos, de otro ministerio, que hace la liquidación de sueldos y nos dice: “esto dale a la Anses, esto a ARCA (Afip) por Ganancias, esto para los partidos políticos, esto para los gremios y esto para el IPS, son los descuentos del sueldo bruto al sueldo neto”, sostuvo el funcionario.
De este modo, aseguró que no administra recursos de la endeudada obra social, ya que acatan una orden de Recursos Humanos.
Respecto a la deuda que llevó a una gravísima crisis a la obra social, dijo que la misma, tiene un esquema de mayores gastos que ingresos, “pero Economía no tiene nada que ver con el IPS, como tampoco con algún gremio o la Afip”.
Al ser consultado sobre si él ubicó a Emilio Savoy como interventor del IPS, respondió: “no, para nada, yo no pongo a nadie. Es una decisión de una intervención”.
“Savoy tiene 180 días en la intervención, los ministros le hemos pedido rendición de cuentas hace un tiempo, le vamos a repetir el pedido, va a cerrar su intervención y hará una evaluación”, indicó el ministro.
En el mismo dialogo, el funcionario se comprometió a dar cumplimiento al acceso a la información publica y puntualmente al detalle de la erogación en publicidad oficial provincial a medios, programas y periodistas.
Las sombras de la obra social
A nadie dejó de llamarle la atención la respuesta de Sáenz en abril, cuando huyendo de la consulta dijo “yo no la puse” a Gladis Sánchez, quien pese a ser la presidenta intervenida por “graves irregularidades”, fue designada nuevamente por el interventor Emilio Savoy.
Tampoco quedó en el olvido la denuncia de la diputada Sierra, señalando a la expresidenta del IPS, Gladis Sánchez, como propietaria de una empresa que se beneficia con adjudicaciones directas en el marco de la Emergencia Hídrica. La aclaración de la funcionaria fue prácticamente una autoincriminación que quedó en la nada, como tantos otros hechos graves en los últimos años, que no son investigados.
Otra definición inquietante fue la del diputado ultraoficialista Germán Rallé, quien planteó “no se si Gladis Sánchez es un mal necesario”.
A todo esto, hay que sumarle que la obra social no responde los pedidos de informes que la Cámara de Diputados aprobó en marzo y que ni el propio Gabinete, como dijo Dib Ashur, puede recibir respuestas.
Por si fuera poco, en los últimos días se conoció que ni siquiera la Sindicatura General de la Provincia pudo reunirse con la información requerida, para analizar la razón del desastre financiero.
En este pantano administrativo con hedor a malversación, la expresidenta del IPS es visibilizada como una protegida.