El debate sobre una eventual tercer mandato de Gustavo Sáenz volvió a abrir una discusión jurídica. En el centro del problema aparece una ausencia: la falta de una cláusula transitoria que indique cómo debía aplicarse la nueva Constitución a los mandatos en curso.
El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta en Infinito FM explicó que esa omisión es uno de los factores que hoy alimentan la controversia sobre la posibilidad de un tercer mandato. “Como no hay una cláusula transitoria que diga cómo tiene que impactar la nueva Constitución ocurre esta controversia”, sostuvo.
Explicó que en el fallo conocido como “Mariño”, resuelto por la Corte de Justicia de Salta en junio de 2025, el tribunal rechazó los amparos presentados por los jueces Gonzalo Mariño y Hugo Pfister Aráoz, quienes pretendían continuar en sus cargos pese a haber cumplido los 70 años, límite fijado por la reforma constitucional.
El fallo ratificó que la nueva norma debía aplicarse y dejó sin efecto medidas cautelares que habían permitido a los magistrados continuar en funciones. Sin embargo, además de resolver ese caso puntual, la Corte incluyó consideraciones sobre cómo interpretar la Constitución reformada.
Según explicó Astigueta, allí se trazó un criterio que hoy impacta indirectamente en la discusión política. “La Corte no solo rechazó el planteo del juez, sino que además escribió una interpretación de la Constitución al margen del caso concreto, señalando cómo debía aplicarse”, señaló.
De acuerdo con esa interpretación, los mandatos de cargos electivos anteriores a la reforma de 2021 se considerarían dentro de un régimen distinto al actual, lo que en los hechos dejaría abierta la posibilidad de que el actual gobernador pudiera aspirar a un nuevo período.
“Con esa interpretación el gobernador Sáenz ha quedado, entre comillas, habilitado si decide presentar una candidatura”, explicó el constitucionalista.
Sin embargo, Astigueta cuestionó la forma en que se fijó ese criterio. “A mí me parece que no es la forma correcta de fijar la interpretación de la Constitución. Prácticamente se termina dividiendo la Constitución en dos, generando una desigualdad entre ciudadanos”, advirtió.
El especialista insistió en que gran parte del problema podría haberse evitado con una redacción más clara durante la reforma constitucional. “Hubiese sido muy simple poner una cláusula transitoria que dijera cómo se aplicaba la nueva Constitución. No hacerlo genera este tipo de incertidumbre”, sostuvo.
En ese contexto, la discusión jurídica todavía podría escalar a nivel nacional. Según explicó, la Corte Suprema de Justicia de la Nación solo podría intervenir si algún ciudadano, partido político o dirigente presenta un planteo judicial.
“La Corte no actúa de oficio. Tiene que existir un caso concreto y alguien que lo plantee”, explicó.
“Estas incertidumbres no le hacen bien a ninguna república constitucional ni a ningún sistema político que funcione con reglas claras”, concluyó Astigueta.