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miércoles, abril 17, 2024

“Se llevaron todo y el resto lo aplastaron con las máquinas”

Tras un desalojo rural una familia criolla permanece con un techo de plástico bajo la lluvia, a 50 km de El Quebrachal.

 

Una familia de criollos que viven de la ganadería y de trabajos rurales, en un paraje cercano a El Quebrachal, en Anta, permanece bajo un techo de plástico que los protege de la lluvia. Allí, entre los escombros de lo que hasta hace 48 horas era su humilde pero digna vivienda, lloran sin consuelo lo que les dejó una orden de desalojo, que se cumplió con una topadora, un docena de policías, un juez de paz y un empresario que reclama la posesión de las tierras. Esto ocurrió en forma sumarísima el miércoles al mediodía, horas antes de que el Senado de la Nación prorrogara la emergencia territorial y suspenda los desalojos.

La familia señala que están allí desde hace décadas, aunque desde el año 97, luego de ganar un juicio por desalojo, comenzaron las acciones virulentas de un empresario de apellido Lopresti.

“Nos tiraron corrales. Teníamos un alambrado de 3 kilómetros de largo por uno de ancho, donde estaban los animales y también lo tiraron abajo. Después los perros y los caballos aparecieron muertos, al parecer envenenados. El miércoles, cuando los hombres estaban trabajando, llegaron con una orden que nunca vimos y empezaron a sacarnos las cosas. Camas, colchones, heladera, armarios. No dejaron nada y después pasaron la máquina”, relató a El Tribuno Felipe Palma, una de las personas que viven en el lugar.

“El lunes salí de Punta Pozo a Salta por un control médico porque me operaron de la columna y el miércoles me llamó mi hermano para decirme que nos estaban desalojando del lugar donde vivimos hace casi 50 años”, relató.

“No dejaron nada”

Felipe no estuvo en el lugar pero contó con detalles lo que vivió su familia. “Llegó la Policía y el juez de Paz Oscar García, con tractores, máquinas y mi hermano estaba trabajando. Empezaron a cargar las cosas. Solo dijeron que tenían una orden de desalojo pero no explicaron qué juez la había ordenado. Solo les hicieron ver un papel y ni copia dejaron. Sacaron todo a la ruta y supuestamente se lo iban a llevar al destacamento policial de Talavera. Se llevaron todo y lo que no pudieron llevarse, lo hicieron aplastar con la máquina”, reveló Felipe.

En el lugar había corrales y la casa, con techo de barro, chapas y paredes de ladrillo, tenía cocina, baño, tres habitaciones y un pozo de agua.

Alertado por la situación, Miguel Palma, otro de los hermanos que vive en el lugar, se dirigió urgente a su casa. “No lo dejaron llegar porque a 20 metros los policías lo pararon. Pero ante la desesperación de ver cómo la máquina tiraba todo abajo, Miguel quiso pasar como sea pero le empezaron a meter tiros con balas de goma. Tiene como 6 tiros en las piernas y uno en la cara”, aseguró Felipe, quien está convaleciente en El Quebrachal, a 50 kilómetros.

El hombre contó que pese a las heridas recibidas, su hermano volvió al lugar para estar junto a su hermana y a su sobrino y que anoche permanecían en lo que quedó del rancho, bajo una persistente llovizna y solo guarecidos por unos plásticos que “colgaron en unos palos de punta”.

Punta Pozo es un paraje que se encuentra dentro de la finca San Miguel, ubicada entre los límites de Salta y Santiago del Estero, en Anta.

Según el relato de la familia desalojada, ellos llegaron allí hace al menos 50 años para desarrollar la ganadería se subsistencia. “Había un dueño pero estábamos tranquilos. Después todo se fue enredando hasta que apareció Lopresti diciendo que era el dueño de la finca. Intentó desalojarnos pero le ganamos el juicio en el 97 y desde allí venimos aguantando un montón de cosas”, explicó Palma.

Fuentes del derecho vinculadas al caso y consultadas por El Tribuno confirmaron que los Palma ganaron ese juicio por desalojo, pero que posteriormente debían enfrentar otro proceso de reivindicación interpuesto por Lopresti. “Al parecer estuvieron mal asesorados y dejaron vencer las apelaciones de este segundo juicio”, revelaron.

 

 

Fuente: Daniel Chocobar El Tribuno

 

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