A través de la Resolución 36/2024 -CS-SES-UNSa, la Universidad manifestó su posicionamiento ante el posible veto a la Ley de Financiamiento Universitario, por parte del Presidente Javier Milei. Las y los consejeros superiores aprobaron por unanimidad hacer propio el documento emanado desde la Mesa-UNSa: en Defensa de la Universidad Pública, titulado “¿Por qué aún no tenemos promulgada la Ley de Financiamiento Universitario?”, que exige la inmediata promulgación de la Ley y el compromiso de los legisladores de insistir con la norma si fuera vetada por el Ejecutivo.
El documento dicta lo siguiente:
Las universidades públicas argentinas atraviesan actualmente un cuadro de gravedad extrema. La asfixia económica a la que las somete el gobierno -sumado a una campaña de desvalorización, desacreditación, ninguneo o franca mentira- torna imposible mantener el funcionamiento normal de las casas de estudio.
Hoy, el sueldo para muchxs docentes y nodocentes está por debajo de la línea de pobreza. A pesar de ello, el gobierno siguió otorgando aumentos nominales por debajo de la inflación: en agosto los precios (medidos por el IPC) subieron un 4,2%, mientras que los salarios básicos fueron apenas un 3% mayores que el mes anterior. Y la perspectiva para el próximo mes es similar, dado que las autoridades nacionales dispusieron unilateralmente un incremento del 2%, cifra que con toda seguridad consolidará una nueva caída en el poder adquisitivo.
En ese marco, el Congreso de la Nación, con el voto de legisladores de distintas filiaciones partidarias, aprobó un proyecto de financiamiento que asegura la actualización de los fondos para funcionamiento, investigación, extensión, etc. Al mismo tiempo, encomienda al Poder Ejecutivo a retrotraer los sueldos del personal, en términos reales, a los niveles que tenían en noviembre del año pasado, fecha desde la cual el IPC mostró una suba casi 60 puntos por encima de los haberes.
El presidente ya adelantó que vetará la norma, como hizo hace unos días con el modesto incremento en las jubilaciones que los órganos legislativos habían dispuesto. La justificación oficial es la de mantener el equilibrio fiscal. Sin embargo, el mismo gobierno no mostró igual prurito al reducir impuestos sobre los sectores más pudientes de la población, como consagró a través de la llamada “Ley de Bases…” en el capítulo correspondiente a Bienes Personales (Capítulo II del Título III), a pesar de que esa decisión le costó al fisco una suma más de 3 veces mayor a la que requiere la actualización presupuestaria y salarial aprobada en el Congreso.
Mientras tanto, el proyecto de presupuesto girado por el Ejecutivo ratifica la posición oficial de asfixiar no sólo a las Universidades sino a la educación pública en su conjunto, así como al sistema científico nacional. ¿De qué otra forma puede entenderse la suspensión del art. 9 de la Ley de Educación Nacional – Ley 26.206-, o la de los artículos que ponen un piso a la inversión pública en Ciencia y Técnica establecidos en la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – Ley 27.614 -?.
En ese marco es que exigimos la inmediata promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario y el compromiso de los legisladores de insistir con la norma si fuera vetada por el Ejecutivo.
Fuente: UNSa