Con fuertes declaraciones el diputado nacional por Salta, Carlos Zapata, se sumó a los cuestionamientos y consideró que se deben investigar las denuncias para evitar que la política se convierta en un aguantadero.
Indignado, Zapata recordó que realizó denuncias en contra de personas que hoy cumplen funciones en el Gobierno provincial, sin embargo, éstas no prosperaron.
“De una vez por todas, la política tiene que dar una muestra clara hacia la sociedad de que no hay hijos ni entenados; que nadie tiene licencia para delinquir siendo político y esa responsabilidad está en los que integran la Cámara de Diputados y Senadores, pero particularmente en la Justicia y en el Ministerio Público Fiscal”, señaló.
En esa linea se refirió a la Ley de Ficha Limpia: «únicamente bloquea la posibilidad de ser candidato a aquella persona que tiene condena en segunda instancia, así que no solo se trata de la denuncia, sino también de la imputación; el procesamiento; la condena en primera instancia; la apelación y la condena en segunda instancia”.
“Hay que poner en la balanza: el derecho a participar que tiene el individuo en la contienda, el derecho a ser elegido, y el derecho de la sociedad, de ser conducida y administrada, o que los representantes políticos sean verdaderos referentes de cuestiones virtuosas para el resto de la sociedad. Esos serían los derechos en pugna. Cuando a mí me preguntan, yo digo que hay que preservar el derecho colectivo y el derecho de la sociedad de no caer en riesgo de ser administrada por alguien que haya cometido un delito”, sostuvo.
“La denuncia sola no basta, porque todos conocemos que hay muchas denuncias que no llegan a probarse y no pasan la etapa de investigación. Existiendo un procesamiento, ya existe una semiplena prueba; hay un pronunciamiento de un juez que lo considera presuntamente culpable. Esto podría ser un punto razonable para establecer y poner en stand by a las personas que quieran participar, hasta tanto solucionen su situación. Conspira contra esto y también contra los derechos que tiene el individuo y la lentitud que existe en la Justicia”, indicó.
“Cuando los denunciados son personas que están bajo la lupa de la Justicia, por hechos violatorios de normas del Código Penal y particularmente en contra el patrimonio del Estado o hechos de corrupción, podemos ver desde el senador Ramos por Rosario de Lerma, que durante 20 años tuvo una causa y finalmente quedó prescripta. Alguien en la Justicia fue responsable de haber cajoneado el expediente, para que a una persona que fue llevada a juicio por el saqueo a las arcas del Estado, aún no se sepa si es culpable o inocente”, subrayó.
“El delito ha prescripto, pero prescribe porque existe un responsable que no movió la causa y son delitos de acción pública. Aún la Corte de Justicia y la Superintendencia que se ocupa de controlar la conducta de sus funcionarios no han dicho nada”, acotó.
“El senador Ramos nuevamente ha sido imputado, ha sido requerido por un juez que ha pedido su desafuero y el Senado, teniendo todas las pruebas a su alcance y los antecedentes vinculados con violaciones al Código Penal del senador Ramos, no hace nada. Se transforman los cuerpos colegiados de la política, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y los concejos deliberantes, en una especie de aguantadero. Cuando un juez pide un desafuero, lo único que pide es que se allane una inmunidad que otorga la Constitución al cuerpo, que es la inmunidad de arresto. No han sido investigadas a pesar de haber pruebas ¿Hasta cuándo va a seguir protegiendo el Senado a esta persona para que eluda el brazo de la Justicia?”, manifestó.
“Por otro lado, hay un sinnúmero de denuncias que no han sido tenidas en cuenta: desde aquella que hice por los gastos reservados en la Municipalidad de Salta en 2012, que involucra a gente del poder, pero quedó dormida. A aquel hecho me lo confirmó personalmente Matías Cánepa, yo lo grabé en un audio y lo di a conocer e involucra también al señor gobernador. También, cuando se postulaba Gustavo Sáenz para gobernador, la causa Huergo se estiró tres años hasta que la Corte Suprema de la Nación dijo que es competencia de la Provincia juzgar los delitos contra la administración pública. Hace dos meses la tienen en la Procuración General y no sabemos si avanza”, concluyó.