El diputado salteño, impoluto crítico de maniobras como el tráfico de influencias, fue incluido como parte de un grupo oficialista que opera en favor de un empresario tabacalero de vertiginoso crecimiento, que está en la mira por subcalcular el pago de impuestos.
Al diputado nacional por Salta parece que le achicaron el margen de maniobras tras quedar expuesto como parte del lobby en favor de Pablo Otero, un empresario de crecimiento exponencial, que muchos lo explican a partir de una maniobra para subcalcular el pago de impuestos internos de los cigarrillos, es decir a través de la evasión fiscal. Lo curioso es que esa recurrente conducta, desfinancia el Fondo Especial del Tabaco, que fue creado hace más de 50 años, para proteger la producción primaria en provincias como Salta.
Los medios metropolitanos pusieron la mira en “el Señor del Tabaco”, tal como se lo conoce a Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí y hasta el propio Milei lo señaló como el causante de abrir una grieta interna en La Libertad Avanza. Sus competidores aseguran que es un poderoso lobista sobre el ámbito político y judicial, que evade miles de millones de dólares.
“La industria del tabaco está revolucionada por el crecimiento de Tabacalera Sarandí, una pyme bonaerense, que en los últimos ocho años logró pasar del 5% del mercado, a más del 30%, según estimaciones de especialistas, desplazando a las tradicionales empresas internacionales, gracias a que estaría subfacturando el precio de sus paquetes de cigarrillos ante la AFIP y a que consiguió medidas cautelares judiciales que le permiten pagar menos impuestos y vender sus productos mucho más baratos que sus competidores. Otero, además, acumuló un proverbial poder de lobby, que incluye una pata política, otra judicial y otra mediática”, publicó Clarín el 14 de marzo.
El mecanismo de la evasión, se ejecuta del siguiente modo: a principios de año Tabacalera Sarandí pagó impuestos, según detalló un especialista, “como si sus tres principales marcas de cigarrillos costaran sus paquetes en los kioscos entre $256 y $278, mientras sus productos se vendían en kioscos entre $600 y $800. La diferencia, calculada en millones de dólares, se la quedó el empresario que, al parecer, tiene una alta incidencia en un sector del oficislismo nacional, entre quienes se encuentra el legislador salteño.
Ley Ómnibus
El proyecto de Ley Ómnibus elimina el componente fijo del impuesto a los cigarrillos, que está judicializado por Tabacalera Sarandí, elevando la alícuota del impuesto variable del 70 al 73%. Además, incorpora precios de mercado referenciales, para utilizar cuando el precio de venta al consumidor informado resulte inferior al 20% como mínimo del relevado; e incorpora un cálculo de sanciones en base a los precios de mercado relevados, en caso de productos sin documentación o con irregularidades.
Según la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (Canet), esta medida permitiría trabajar a las pymes, ya que el impuesto sería sobre el precio de venta y no sobre el atado del cigarrillo más vendido. Además, dejarían de apelar a la Justicia para poder funcionar.
Este incremento permitiría aumentar la recaudación en u$s 922 millones por año, un 24,6%.
El cuestionamiento a elevar el impuesto a las tabacaleras no provino de la oposición, más bien fue una suerte de “fuego amigo”, ya que el diputado salteño Carlos Zapata cuestionó el proyecto porque crea “una Gestapo de los precios” contra algunas empresas que venden cigarrillos.
“Nada más lejos del liberalismo que poner una Gestapo de precios para fiscalizar los precios a los que se debe tributar”, dijo Zapata a radio Rivadavia, coincidiendo en conceptos e intereses con Pablo Otero.
Zapata es uno de los diputados que haría lobby por Otero, según afirma el periodista Carlos Pagni y “las multinacionales” tabacaleras también “identifican” detrás de gestiones en favor de Tabacalera Sarandí a Cristian Ritondo y Diego Santilli, del PRO, entre otros.
El contrasentido, además de la permeabilidad para el lobby, pasa por la desfinanciación del Fondo Especial del Tabaco, que brinda una importante cobertura y estímulo a la actividad primaria ante cualquier contingencia, sobre todo en provincias como Salta.