Un ejemplo de ello es el domicilio a donde se encuentra la Secretaría de Personas Mayores. Pertenece a la expareja de un conocido dirigente saencista.
En medio de la creciente demanda por una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos, una nueva polémica surge en torno a la gestión del patrimonio estatal. Según se pudo constatar, el gobierno provincial está alquilando propiedades que pertenecen a amigos, mientras mantiene desocupados varios de sus propios inmuebles, que podrían ser utilizados sin costo adicional para el Estado.
Estas prácticas generan una fuerte indignación, al ver en estas acciones un claro favoritismo hacia círculos cercanos al gobierno. En lugar de aprovechar los edificios y terrenos públicos que permanecen sin uso, se opta por beneficiar a privados con contratos de alquiler que, según fuentes, son a menudo muy favorables para los arrendadores.
Un ejemplo de ello es el alquiler del domicilio a donde se encuentra emplazada la Secretaría de Personas Mayores, ubicada en 20 de febrero 465, a cargo de Juan Carlos Villamayor. Según trascendió, el inmueble sería propiedad de Marianela Pérez, ex concejal, exfuncionaria del Gobierno provincial y expareja del ahora diputado provincial Pablo Outes.
Lo propio ocurre con el inmueble en donde ahora se encuentra la Representación de Relaciones Internacionales, a cargo de Julio San Millán, ubicada en la calle Del Milagro 519. SI bien acá se desconoce el propietario del inmueble, se trata de una propiedad cara.
Esta decisión no solo representa un gasto innecesario para el erario público, sino que también pone en duda las prioridades de quienes están a cargo de la administración de los bienes del Estado.
Como contrapartida, el edificio en donde antes se encontraba la secretaria de Niñez y Familia, en calle General Güemes al 500, se encuentra en un estado deplorable. Pareciera que el edificio se viene abajo y sus puertas, en varias oportunidades, se parecieron a un basurero.
El hecho de que el gobierno cuente con inmuebles propios desocupados agrava aún más la situación. Muchos de estos espacios podrían ser habilitados para oficinas gubernamentales o proyectos comunitarios, ahorrando así millones en contratos de alquiler y evitando la percepción de favoritismo. Sin embargo, la elección de alquilar a amigos cercanos al poder sugiere que existen intereses personales que están primando sobre el bienestar común.
Pero, de estas decisiones, subyacen algunas inquietudes: ¿por qué se prefiere pagar a privados cuando hay inmuebles públicos disponibles? ¿Qué criterios se utilizan para elegir a los arrendadores?
Sin dudas, nos encontramos ante un problema más amplio de manejo poco eficiente y ético de los recursos públicos. Es imperativo que se realice una auditoría de los contratos de alquiler y que el gobierno rinda cuentas sobre su política de uso de inmuebles. La ciudadanía merece saber si los recursos se están gestionando de manera transparente y eficiente, y si se están priorizando los intereses de todos los habitantes, en lugar de los de unos pocos.