La dirección nacional del PAMI decidió dar de baja el convenio con el Hospital Militar, dejando en suspenso la atención de casi 17.000 afiliados y dejando sin trabajo a cien profesionales de la salud que, hasta ahora, prestaban servicios en ese establecimiento.
La medida, que no fue consultada ni gestionada desde la sede local del PAMI, afecta directamente a uno de los centros médicos con mayor trayectoria en la atención de adultos mayores en la provincia. A pesar de que hasta el 31 de julio el hospital deberá seguir atendiendo turnos e internaciones ya programadas, a partir de agosto todo cambiará drásticamente.
Los motivos de esta ruptura contractual no fueron aclarados de forma oficial. Las versiones más firmes hablan de “irregularidades administrativas” relacionadas con permisos, pero no hay transparencia, no hay explicaciones públicas y no hay plan visible para garantizar una transición ordenada.
Como suele ocurrir en estas decisiones despersonalizadas, desde PAMI Nacional se limitaron a enviar una carta documento a la empresa TISEC S.R.L., prestadora del servicio en el Hospital Militar desde hace dos décadas. Casi como quien notifica la baja de un servicio por mail, sin medir las consecuencias humanas y sanitarias.
Desde la empresa, la respuesta fue inmediata: rechazo total y denuncia pública del impacto social de la medida. No es para menos: 100 trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeros, camilleros, personal de limpieza y administrativos, quedarían en la calle sin certezas laborales ni respaldo institucional.
Diego Reservato, Coordinador General de Internados y Guardia del hospital, fue tajante:
“Esta gente del PAMI no tiene ningún problema en dejar a casi 100 familias sin el sustento mensual y a casi 17.000 pacientes sin asistencia”.
La situación es tan grave que para el próximo lunes a las 10 de la mañana, se convocó una protesta frente a la sede del PAMI en Plaza 9 de Julio, encabezada por todo el equipo de salud afectado. Buscan visibilizar una crisis que hasta ahora parece interesarle poco a las autoridades nacionales.
Desde PAMI intentaron calmar las aguas con una frase repetida como mantra: “Nadie queda sin cobertura”. La atención, aseguran, será derivada a hospitales públicos y clínicas privadas con convenio. Entre los nombres que circulan figuran IMAC, Cruz Azul, Virgen de Urkupiña, San Rafael y Modelo.
Lo que no dicen es cómo se garantizará esa atención. ¿Tienen capacidad real esos prestadores para absorber semejante volumen de pacientes crónicos, geriátricos y de alta complejidad? ¿Qué pasa con las historias clínicas, los tratamientos en curso, los médicos de cabecera, los turnos pendientes? Nadie lo aclara. Todo es opacidad.
Además, el relato oficial intenta minimizar el hecho comparándolo con “una obra social que deja de tener convenio con una clínica”, como si se tratara de una cuestión menor. Pero el Hospital Militar no es una clínica cualquiera: era el centro de referencia para 1 de cada 8 afiliados al PAMI en la provincia.
Esta decisión no puede leerse aislada del contexto nacional: ajuste, recorte y recentralización del poder en salud. Se hace con el mismo manual que en otras áreas: se ejecuta desde Buenos Aires, se justifica con frases ambiguas y se deja el costo humano a cargo de provincias, trabajadores y pacientes.
Mientras se repite que la cobertura está “garantizada”, el sistema entra en modo emergencia: pacientes desorientados, médicos despedidos, equipos desarmados, y una burocracia que no responde. En el medio, los de siempre: los más vulnerables, los más olvidados, los más viejos.
La protesta del lunes no será solo un reclamo salarial. Será una advertencia lanzada por quienes sostienen día a día el sistema de salud de los jubilados, un grito desesperado ante una decisión que impacta como un bisturí mal manejado: corta sin medir, sin anestesia, sin compasión.