La ley que establece un deposito obligatorio de medio millón para acudir a la Corte de Justicia sigue generando polémica y una insólita definición del diputado oficialista que percibe como inferior al Poder Legislativo por sobre los dos restantes.
En radio Infinito, el diputado provincial German Rallé, presidente del bloque mayoritario “Sáenz Conducción”, habló sobre la ley de autoría de la Corte y la explicó en cierta “picardía jurídica” por parte de los abogados, aunque reconoció que el deposito exigido, implica un monto alto, “es plata”, dijo.
Indicó que hay “muchas medidas que llegan a la Corte que no tienen razón” y solamente se plantean para “una cuestión dilatoria”. ¿Esto significa que para impedir esto se pone un monto alto?, se le consultó, a lo que el legislador respondió: “Claro, en la picardía jurídica ustedes saben que tenemos muchos abogados hábiles que se dedican a esto, saben que está perdido, pero dilatan para evitar condenas momentáneas y bueno ellos también hacen, y perdónenme los abogados, pero también hacen su negocio porque tienen cautivo, con promesas distintas instancias a los clientes y mantienen también sus cuotas mensuales”.
¿Veto parcial?
“Vamos a ver qué hace con esta ley el Poder Ejecutivo, que en muchos aspectos leyes que salieron, ellos vetaron o vetaron con parcialidad o parcialmente y veremos, veremos a ver cuál es la mirada que tienen, nosotros en la Cámara hemos acompañado indudablemente entendiendo que era una forma también de cortar esas malas prácticas públicas de algunos abogados, pero sí, cuando usted pone el punto suspensivo, resulta una medida hasta odiosa”, planteó Rallé.
Lo indicado por el legislador no deja de sorprender, ocurre que el mismo diluye su responsabilidad y sobre todo, su representatividad, toda vez que por el sistema de división de poderes, tiene facultades constitucionales para enmendar el proyecto enviado por la Corte de Justicia, pero en lugar de ello, le transfiere el asunto al Gobernador (poder ejecutivo).
Probablemente, el diputado güemense, al subordinarse, entienda que entre las cúpulas del poder ejecutivo y el poder judicial, la legislatura es de un rango menor. Tal vez las señales de connivencia entre la Gobernación y la Corte de Justicia, capaces de avasallar la Constitución, sean el indicador por el que los diputados saencistas hayan optado una vez mas por la obediencia debida.
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