El periodista Maximiliano Rodríguez recibió una cédula judicial firmada por la jueza Elsa Susana Menéndez, en la que se lo intimó por informar sobre un grave caso de abuso sexual infantil ocurrido en Mosconi.
En su informe señaló a un cacique, Víctor Rojas, como responsable y dijo que la intendenta Ana Guerrero, lo ampara ¿Qué pasó? Luis Gómez Almaraz, secretario de Asuntos Indígenas, lo llamó para “apretarlo”.
Rodríguez se comunicó con el Procurador Pedro García Castiella, a quien le comunicó personalmente el caso. La respuesta de la Justicia fue inmediata. Pero no para investigar a los responsables. No para garantizar justicia. La respuesta fue una cédula judicial para Rodríguez, firmada por la jueza Menéndez, con el claro objetivo de intimidarlo. En una decisión vergonzosa, lo acusó de vulnerar los derechos del niño, sin audiencia, sin derecho a defensa. Así un liso y llano apriete judicial.
¿Dónde está la Justicia que debería actuar con celeridad ante una denuncia de abuso sexual infantil? ¿Dónde está el fiscal que debe intervenir cuando se denuncia que una menor fue violentada? ¿Dónde está el Procurador García Castiella, que guarda silencio cómplice mientras un periodista es censurado por decir la verdad? Es absolutamente escandaloso. García Castiella fue informado del caso. Sabe en detalle. Eligió callar. Eligió no intervenir.
La justicia salteña amenaza. No protege. Persigue. No escucha a las víctimas. Encubre a los poderosos. Los jueces, como Menéndez, actúan como serviles operadores del silencio.
El periodista censurado, lejos de callarse, habló su programa de TV en canal 2. Denunció públicamente lo que esa jueza pretende esconder debajo de la alfombra. Prometió que no se va a callar. Que duerme tranquilo, porque hace periodismo, no encubrimiento. Y anunció que responderá legalmente, que pedirá una audiencia con el gobernador y que llevará el caso ante organismos nacionales e internacionales, en caso de ser necesario.
Hoy es Maxi Rodríguez el que recibe la intimidación. Pero mañana puede ser cualquier periodista que se anime a decir lo que muchos callan. Porque en Salta, el poder judicial ha cruzado una línea peligrosa: la de perseguir a quien denuncia en vez de proteger a las víctimas.
Por Susana del Frari