Expulsado por “incapacidad moral sobreviniente”, denunciado por violencia de género y múltiples delitos, Pablo López volvió a sentarse en una banca del Concejo Deliberante. La degradación institucional ya no es novedad.
En Salta ya ni sorprende que lo inadmisible se vuelva rutina. Esta mañana, Pablo López, el ex edil expulsado del Concejo Deliberante tras haber sido acusado por su expareja por violencia de género, retención de salario volvió a ocupar una banca como si nada hubiera pasado, como si estos antecedentes fueran apenas una anécdota y no un prontuario político.
El regreso de López no es un simple trámite administrativo. Sobre él pesa una causa penal que no admite relativizaciones. El fiscal penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Esteban Martearena, le atribuye delitos graves: lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género -en dos hechos-, además de privación ilegítima de la libertad, también en dos episodios, y concusión. No se trata de un malentendido, de una interna o de “temas personales”: son imputaciones concretas por hechos de violencia física, coacción y abuso de poder.
Que una persona con semejantes denuncias esté hoy sentada en el recinto del cuerpo deliberativo municipal dice más del estado de nuestras instituciones que del propio López. El problema no es solo que él haya decidido asumir; el problema es que el sistema político salteño se lo permita.
La banca, que debería ser un espacio de representación y debate democrático, se vuelve un refugio casi impune donde ni la ética ni la lógica parecen tener asiento.
El mensaje es tóxico y clarísimo: en Salta, la vara institucional está tan baja que ya roza el subsuelo. Cualquiera puede jurar, cualquiera puede representar a la ciudadanía, incluso mientras enfrenta acusaciones por violencia de género y hasta privación ilegítima de la libertad.
Lo que ocurrió hoy no es un detalle menor, ni un exabrupto burocrático. Es la confirmación de que las instituciones locales se degradan a una velocidad que espanta. Y que la ciudadanía, cansada, observadora o resignada, sigue asistiendo al espectáculo sin que nadie, ni en el Concejo parezca dispuesto a decir basta.
“La Carta Municipal sólo permite remover a un concejal cuando existe una incapacidad moral sobreviniente, es decir, que haya ocurrido después de haber asumido el mandato vigente. Este es un período nuevo. No hay incapacidad moral sobreviniente. La denuncia ocurrió en el período anterior, cuando él ya había asumido. Por eso, legalmente, pudo volver a asumir”, dijo Darío Madile, el titular del Concejo, dejando en claro que ellos, los concejales, no tienen ninguna respuesta para dar.