Documentación retirada sin control, órdenes cruzadas y un organismo tomado por internas. La Auditoría dejó de controlar y empezó a descomponerse.
Lo que debería ser el organismo encargado de vigilar el uso de los recursos públicos, en Salta se convirtió en un escenario de operaciones internas, maniobras dudosas y una pelea de poder que, a esta altura, roza lo grotesco. La Auditoría General de la Provincia atraviesa uno de sus momentos más oscuros, con acusaciones de retiro irregular de documentación, presiones internas y un clima de virtual parálisis institucional.
El episodio más inquietante ocurrió la semana pasada, cuando un contador de planta permanente, Juan Manuel Chamorro, habría sido inducido por una funcionaria clave del entorno de Gustavo Ferraris a retirar cajas con documentación oficial y trasladarlas en su vehículo particular. La escena, que parece sacada de un manual de improvisación burocrática, terminó con la intervención de la Escribanía de Gobierno, que dejó constancia de que entre esos papeles había material oficial. Lo que no todavía está claro es qué destino se pretendía dar a esa documentación.
Según Cuarto Poder, la funcionaria señalada no es una empleada menor: se trata de una pieza central en la estructura que responde a Ferraris, el ex titular del organismo que, aun con mandato vencido, sigue moviendo fichas como si nada hubiera cambiado.
En ese entramado, los vínculos personales parecen haber pesado más que cualquier protocolo institucional, al punto de que el propio Chamorro habría justificado su accionar en una relación de confianza mal depositada.
Pero el escándalo no termina en los papeles. En paralelo, se multiplicaron versiones sobre mensajes enviados desde el entorno de Ferraris a empleados del organismo, con una consigna clara: desoír a las actuales autoridades. El resultado es un organismo partido, donde las órdenes se disputan como en una interna partidaria y no en una institución del Estado.
En el medio, la política mete la cola sin disimulo. La comisión legislativa que debe intervenir en la recomposición del organismo aparece atravesada por intereses cruzados, presiones y alineamientos que poco tienen que ver con la transparencia.
Algunos nombres propios emergen con fuerza, tanto en la defensa de Ferraris como en la disputa por lo que viene, mientras se barajan reemplazos y acuerdos que responden más a la lógica del poder que a la necesidad de recuperar credibilidad.