La tentativa de discriminar y estigmatizar a la discapacidad intelectual, con clasificaciones publicadas recientemente en el Boletín Oficial -luego retractadas con un pedido de «perdón» -, muestra que el gobierno nacional no basa la gestión del área en la ciencia actual. Confundió las investigaciones sobre discapacidad intelectual realizadas en el siglo XIX y XX con las que se sucedieron en el XXI que al final prevalecieron.
Rodolfo Ceballos (*)
Al usar las antiguas categorías clasificatorias de «imbécil», «idiota» y retardado», Nación retrocedió 200 años, a la época en que los psicólogos de la inteligencia medían y hacían mapas conceptuales con el cociente intelectual de las discapacidades tomándolas unilateralmente como carga patológica. Todo eso ya pasó y llegó la década de los noventa, fructífera en tomar puntos de explicaciones más humanos al romper prejuicios y clasificar la inteligencia y sus restricciones en función de la intensidad de los apoyos que necesita la persona. Fue el salto de un gigante, porque los idiotas, los imbéciles, etc. desaparecieron de la nomenclatura hostil y solo interesó determinar qué tipo de apoyo necesita el discapacitado para ser mejor incluido en la sociedad, no escondido en el desván de la familia.
Hoy esos apoyos se clasifican si sirven para los momentos de crisis, para la transición a la vida adulta si se trata de un infante o un adolescente. Igualmente se consideran los apoyos regulares y de larga duración para que lo cotidiano no pierda calidad de vida. Finalmente, se toma en cuenta el apoyo generalizado, aquel que es constante, intensivo y que la persona lo requiere en todas las áreas de su vida.
El discapacitado intelectual quedó así salvo de los rótulos facilistas y cancelatorios (como diríamos hoy). Se lo evalúa por sus habilidades conceptuales, educativas y prácticas sociales.
Esta conquista de sus derechos humanos es el resultado de examinar el funcionamiento de la inteligencia con un enfoque multidimensional. Sin excluir el factor genético se observa cómo la persona se desenvuelve en su medio familiar, social, laboral, etc.
En este siglo, la biología y la sociedad se complementan en la medicina, psicopedagogía y psicología de la inteligencia para investigar científicamente al cociente intelectual.
Uno de los psicólogos notables que buscó cambiar las nomenclaturas arcaicas fue el estadounidense Robert L. Schalock. Insistió en que se debe tomar la capacidad intelectual desde aquellos factores olvidados: los socio-ecológicos, culturales y los lingüísticos.
Fue tanta la potencia del cambio de paradigma que se llegó a redactar y actualizar periódicamente el Manual de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, que se supone que Argentina lo tiene en cuenta en sus protocolos.
Y no es poca cosa lo logrado hasta aquí. Todo lo avanzado le es útil a los servicios educativos que programan los aprendizajes, les sirve a los diagnósticos clínicos que les llega a la Agencia Nacional de la Discapacidad, al Estado obligado a dictar políticas públicas en el área, y también a las obras sociales en la instrumentación de las coberturas de calidad.
Hacer hoy un diagnóstico de discapacidad intelectual es saber usar la nueva clasificación centrada en el tipo de apoyo que necesita el discapacitado y mostrar cómo funciona clínicamente su cociente intelectual y poner todo eso en perspectiva para diseñar rehabilitaciones posibles.
La barbaridad discriminatoria que publicó el Boletín Oficial, con tanta ligereza, forma parte del interminable Manual de la Zonceras Argentinas.
(*) Periodista, trabajador social, psicólogo, especialista en salud mental.