El viernes 18 de mayo vence el plazo del juez Dominguez para la protección y limpieza del contaminado río Arenales pero todavía no se avanzó en cumplir con lo dispuesto por la Justicia.
El conflicto de los vecinos que viven en zonas aledañas al Río Arenales es de larga data: los últimos datos difundidos a principio de año alertaron sobre el alto nivel de contaminación del agua.
Un grupo de ciudadanos de zonas que colindan con el Arenales se están autoconvocando para realizar una denuncia colectiva, en vista de que no se les brindaron las soluciones pertinentes para evitar seguir siendo afectados por la contaminación del río.
Dichas medidas fueron dictadas por el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Marcelo Domínguez, que dictaminó que tanto la administración provincial como la municipal, debían aplicar medidas preventivas alrededor del contaminado del río Arenales.
Los vecinos denuncian que no se realizó ninguna de las tareas que fueron ordenadas por el juez, por lo que consideran éste como un caso de “desobediencia judicial”. A raíz de esto, más de 150 ciudadanos de barrios de zona sudeste iniciarán una causa contra funcionarios, que será radicada por el abogado Pedro Arancibia.
Pero esta denuncia no es la primera que sea realiza. Anteriormente, se avanzó contra la Provincia, el municipio, Aguas del Norte y la empresa Marozzi, por contaminación y manejo del cauce del río.
Una larga historia de contaminación
La situación preocupante de los vecinos del Arenales se ve desbordada hace años, con muchísimas denuncias por contaminación producida por algunas empresas, que vaciaban sus desechos ahí, y por la nula limpieza que existía, y existe, por parte del municipio y de la Provincia.
Así, organizaciones ambientales, facultades universitarias, especialistas y otros sectores han coincidido en que el nivel de polución y envenenamiento que tienen tanto el agua como el suelo del río es alarmante, indicando inclusive que no es apta para uso recreativo, no puede estar en contacto humano, y que no puede ser usada para consumo, ni “bajo tratamiento convencional”.
Para evitar esto último, es que el Gobierno provincial en conjunto con el municipio, debían implementar un cordón sanitario preventivo, alrededor de los puntos más críticos de contaminación, que fueron distinguidos luego de investigaciones por parte del CIF. También se los había instado a colocar carteles informativos, para que la población esté alertada y no circule ni tome contacto con material cercano al río.
Hasta el día de hoy, no hay novedades de que ninguna de las tareas se haya concretado. El abogado Pedro Arancibia señaló que “no hay nada que indique que se está cumpliendo. No hay cartelería ni sospechas de ellas. Tampoco se ve nada del cordón sanitario, ni personas trabajando en el lugar”.
Mañana 18 de mayo se vence el plazo que tenían los funcionarios para seguir las indicaciones del juez Domínguez y que, obviamente, no cumplieron. Los vecinos siguen viendo afectada su salud: muchos mostraron signos de afecciones respiratorias, aparición de manchas en la piel y problemas en la visión, las cuales serían consecuencia directa de la contaminación.
El Estado no ha mostrado ni el mínimo interés en dar respuesta a este reclamo tan concreto, que afecta directamente la calidad de vida de la poblacion.
Todo esto a pesar de los llamados de atención de la justicia.