Por Rodolfo Ceballos (*)
El vertedero San Javier de la ciudad de Salta volvió a estar en la crónica periodística. El médico Antonio Salgado, pediatra e infectólogo destacado que suele participar en la conversación pública y fija posiciones independientes, pero no neutrales, comentó de la triste realidad sanitaria que atraviesa la infancia que rodea al basural.
El rellenado sanitario depende de la empresa privada de recolección de la basura en la ciudad y del municipio capitalino.
El sitio se presta a diversas intervenciones de terceros con proyectos privados, sociales y académicos que tratan de resolver, infructuosamente, el pésimo manejo del basural. Existen 741 personas que habitan el lugar. Incluye a 221 niños menores de 9 años. Más del 70% de las viviendas carecen de servicios básicos y enfrentan inundaciones frecuentes, mientras que cerca del 80% de los trabajadores se encuentran en condiciones laborales precarias con ingresos por debajo del salario mínimo.
Para este caso, por supuesto, la rectoría de Salud Mental de la provincia ni siquiera planificó -aunque sea en borrador- qué hacer con el sufrimiento psicológico de estos menores en riesgo psicosocial, los mismos que señaló Salgado como expuestos a varias patologías.
Hay infancias que deambulan alrededor del basural. Algunos trabajan allí violando todo el derecho laboral argentino y viven, prácticamente, en el lugar, propensos al hambre, accidentes, contaminación y abandono institucional.
La falta persistente de un Plan de Salud Mental Infanto-Juvenil, ya casi en pleno 2026, dejó librada a esas infancias a la suerte de todo marginado: sobrevivir en las peores condiciones físicas y psíquicas.
En el basural los chicos encuentran comida vencida, ropa, juguetes y otros materiales necesarios para mitigar la pobreza extrema. Lo más deleznable es que los 221 niños de la periferia del San Javier padecen estigmatización y pérdida de oportunidades educativas.
En salud mental infantil y de la adolescencia hay un principio de oro: a ningún niño y adolescente, por más carenciado social que sea, le falta creatividad, tampoco el deseo de gozar los vínculos comunitarios que viven y sueños de futuro. A ese capital de ideales y de recursos simbólicos, la rectoría de Salud Mental, decidió invisibilizarlo a la enésima potencia. No los benefició con ningún protocolo de prioridad por la edad y por la condición.
Las respuestas de accesibilidad a la enredadera del sistema de salud mental que esos chicos necesitan, no es posible por la ineficiencia de la gobernanza de Salud Mental que lleva postrada seis años consecutivos. Ya se detectaron que hay menores de 8 años iniciado en la adicción.
Como el sistema de la salud mental en Salta es mezcla de marketing sanitario en Instagram y de espectáculo político de los funcionarios cada vez que inauguran un consultorio, no podrá abordar a los 221 niños victimizados socialmente y con sufrimiento mental.
Los tecnócratas desangelados del sistema solo ofrecen algunos tips estatales urgencistas y fragmentarios (siempre ante la prensa que no les repregunta) sin abordar la raíz del problema de esas infancias. ¿Por qué ocurre este brote de inoperancia? Y porque son comentaristas de la impotencia de sus propios dispositivos de atención, sin censos, sin territorios, sin datos estadísticos.
No diseñaron un plan maestro de salud mental de contingencia que pueda generar empleos alternativos para los padres de los chicos y garantizar, a la vez, espacios de cuidados infantiles.
Increíble: los mismos que se pasan creando contenidos por Instagram no tienen registrados en el Observatorio de Salud Mental (un “raviol” que figura en la Carta de Servicios de la rectoría de Salud Mental), los traumas acumulativos de las familias del basural, la ansiedad y depresión vinculadas al hambre y el consumo problemático de sustancias, tanto en padres como en sus hijos.
Todas son ciudadanos que existen al margen de las protecciones institucionales. No son amparados siquiera el selectivo cumplimiento de la ley nacional de Salud Mental que hace Salta en una acción de flagrancia.
El grupo del entorno del basural sufre de la pérdida de ciudadanía. Está fuera de toda institucionalidad del Estado. Ese solo hecho político, ya es denigrante y violatorio del interés superior del niño.
(*) Periodista especializado en temas psicosociales y de salud mental.
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