El Gobierno nacional descuenta que la senadora del saencismo volverá a alinearse en el Senado, ahora para avanzar con la extranjerización de tierras y recursos estratégicos.
Lobista de empresas extranjeras, (¿ex?) asesora de la minera de capitales británicos Río Tinto. Flavia Royón, senadora nacional alineada con Gustavo Sáenz, se consolidó como una de las piezas más confiables del oficialismo libertario en el Congreso. Los números no dejan demasiado margen para interpretaciones: desde que asumió, acompañó el 87% de los proyectos impulsados por el Gobierno de Javier Milei, incluyendo algunos de los más cuestionados por su impacto social, ambiental e institucional.
En ese contexto, en Casa Rosada ya la cuentan como voto asegurado para la sesión del próximo 6 de agosto, cuando el Senado trate la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Detrás del título técnico, el proyecto propone una reforma profunda del régimen de tierras rurales, expropiaciones y desalojos. El objetivo libertario es claro: eliminar o flexibilizar los límites vigentes a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros.
La iniciativa habilitaría, en la práctica, que personas, empresas e incluso Estados extranjeros puedan adquirir sin restricciones territorios estratégicos del país. Ríos, lagos, glaciares, bosques nativos, zonas de frontera, tierras productivas y hasta caminos públicos quedarían dentro del radar de un mercado sin mayores controles. Un giro que, para muchos sectores, implica una cesión directa de soberanía.
No sería la primera vez que Royón acompaña este tipo de reformas. Su historial reciente incluye el respaldo a la reforma laboral impulsada por el oficialismo, los cambios en la Ley de Glaciares y la llamada Ley de Inocencia Fiscal, que habilita amplios blanqueos de capitales, incluso para funcionarios y familiares del propio gobierno. Un combo legislativo que, lejos de matices, muestra una línea de acompañamiento sostenido.
Mientras tanto, en Salta, el saencismo mantiene un discurso más moderado, con referencias al desarrollo, la producción y el cuidado de los recursos. Pero en el Congreso, los votos van en otra dirección. “Hay que generar condiciones para atraer inversiones”, repiten desde el oficialismo nacional cada vez que defienden este tipo de proyectos. La pregunta que queda flotando es bajo qué condiciones, para quiénes y a costa de qué.