Antes de cerrar algo, lo ensucian. Es la receta discursiva que se aplica para justificar cada ajuste. Ahora el blanco es el Hospital Militar de Salta: dejará de atender a afiliados de PAMI y acusan “irregularidades” para encubrir un nuevo vaciamiento.
No es una casualidad, es una estrategia. Cada vez que el gobierno nacional quiere cerrar o desfinanciar una institución, primero la desprestigia. El discurso oficial lanza acusaciones vagas, siembra sospechas, instala un clima de irregularidades y luego, con la legitimidad artificial de ese relato, avanza con el ajuste. Así pasó con el INADI, con los medios públicos, con universidades y programas sociales. Ahora el turno es del Hospital Militar de Salta.
Esta semana se conoció que el hospital dejará de brindar atención a los afiliados de PAMI. El recorte fue presentado como una “decisión técnica”, pero vino acompañado de insinuaciones sobre el supuesto mal uso de recursos y problemas administrativos. Lo de siempre: antes de quitar, hay que culpar.
La lógica es perversa pero eficaz. En lugar de asumir la responsabilidad por el ajuste brutal que se aplica sobre el sistema de salud y previsión social, el gobierno de Javier Milei opta por demonizar a las instituciones que piensa recortar. Así traslada el foco del debate: ya no se habla del impacto humano ni del derecho vulnerado, sino de una supuesta ineficiencia o corrupción que justificaría el recorte.
En el caso del Hospital Militar de Salta, la medida afecta a más de 16.000 jubilados y jubiladas que ahora deberán trasladarse a otras clínicas, muchas veces lejos o con menos capacidad. Pero eso no importa en la narrativa oficial. Lo central es instalar que allí algo “no funcionaba”.
El mismo patrón discursivo se repite una y otra vez. El gobierno no recorta: “ordena”. No cierra: “optimiza”. No abandona, “corrige”. Es un relato diseñado para encubrir una motosierra que avanza sin freno, incluso sobre servicios esenciales que atendían las necesidades sanitarioas de nuestros jubilados.
La ofensiva contra el Hospital Militar se inscribe en una lógica nacional que ya dejó en claro que donde hay un derecho, el gobierno ve un gasto. Y donde hay un gasto, encuentra una excusa para eliminarlo y armar un negocio.