A la espera de una resolución de Casación, el abogado querellante se refirió al caso que conmovió a la sociedad y que develó serias irregularidades en el Sistema de Emergencias.
Rosa Sulca, la docente asesinada en su casa de Villa Mitre el 28 de abril de 2020, hubiese cumplido años ayer. Y, mientras en sus redes sociales abundan las palabras de afecto de sus seres queridos, en la sociedad salteña queda el sabor amargo de la impunidad que da el poder.
Así lo dejó entrever a este medio Pablo Tort, abogado querellante de la Fundación Cintia Fernández, quienes asumieron este rol inicialmente ante la sospecha de que se tratase de un femicidio, y posteriormente lo mantuvieron aunque se trató de un homicidio en situación de robo agravado.
El abogado recordó que, tras la sentencia, la Fundación interpuso un recurso de Casación sobre los puntos por los que se absolvió a los funcionarios acusados. Se trata de Marcelo Tintilay Cordeyro y Gabriela Moyano (supervisores de demanda ciudadana); Gustavo González (jefe de Despacho de Emergencias Policiales), Domingo Normando Corbera (Supervisor de Despacho) y los efectivos policiales Antonio Ezequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, miembros del Centro de Coordinación Operativa, todos acusados en su momento por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“Obviamente, sí hubo un incumplimiento claro”, afirmó Tort en alusión, especialmente, a aquellos a quienes absolvieron por voto dividido. Cabe destacar que el único funcionario condenado, el despachante policial Héctor Roberto Herrera, también recurrió a Casación.
En este punto, el abogado lamentó que no se investigue el rol de los responsables políticos, por acción u omisión, que siempre terminan cayendo de pie. “Pedirle a un fiscal que investigue al poder en sí mismo, resulta algo irrisorio. Tenemos que cuestionar la responsabilidad de quien era ministro de Seguridad, Abel Cornejo, tenemos un montón de situaciones en las que hay que cuestionar a personas con mucho poder en la Provincia. No resulta fácil”, subrayó al respecto.
Estas afirmaciones se desprenden del análisis de lo que Tort calificó como “situaciones muy ilógicas”, en referencia a la información brindada durante las declaraciones testimoniales. Dicha información dejó a las claras falencias tales como la falta de recursos en la Policía, la falta de capacitación, o el hecho mismo de asignar relevancia las causas que pudieran tener trascendencia mediáticas por encima de otras. “Esto surge de las declaraciones penales de los operadores del Sistema 911, tanto de la parte policial como de la parte civil”, aseguró el letrado, quien señaló que “después de lo de Rosa Sulca, se catalogan como relevantes todos los pedidos de auxilio”.
Por otra parte, lamentó que desde el Estado y los gobiernos de turno se desatiendan problemáticas que se dan en un contexto de extrema vulnerabilidad y marginalidad. “Llama la atención que siendo que se denuncian en las testimoniales situaciones irregulares, no se inicia su investigación. Resulta casi una locura cuando estamos hablando de venta de estupefacientes, problemas de consumo. Evidentemente hay algo que está muy mal, de raíz, y es toda la situación social”, aseveró el jurista, y concluyó: “Resulta una impotencia también en cuanto a pensar que estas situaciones nunca van a ser atendidas, porque cuando las llevamos a la justicia, la justicia hace la vista gorda”.
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