En un anuncio reciente, el Gobierno provincial comunicó dos medidas trascendentales que habían generado fuertes cuestionamientos. La primera tiene que ver con el cierre de la Catedral y la segunda con cambios en la aplicación de la Ley 8191 (DNU 255), ubicándola en los parámetros constitucionales.
Las restricciones en Salta Capital fueron comunicadas en una virtual conferencia de prensa (así y no al revés) que se focalizó en la situación del Departamento Capital. Allí aparecieron el ministro de Gobierno Ricardo Villada, el Secretario General de la Gobernación Matías Posadas, y el Coordinador Político de la Municipalidad de Salta, Fernándo Palópoli. Ninguno de los tres se atrevió a anunciar sino ante consulta puntual, el cierre de la Catedral.
En cualquier caso, es importante que se haya tomado la iniciativa preventiva aunque los anuncios recientes todavía son imprecisos. Por ello es que ante la ola de contagios en Salta Capital se anunció el cierre de la Catedral, no obstante, no está claro desde cuándo se efectizará.
Se trata de una decisión tan elemental como costosa por parte de la gestión provincial. En efecto, durante la conferencia de prensa de hoy, la medida fue arrancada con tirabuzón y sobre el final de la conferencia. Fue Matías Posadas el encargado de precisar que los anuncios de «Milagro a Distancia y desde las casas» incluía el cierre del templo mayor que alberga las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.
En este punto, es claro que la ausencia de un anuncio contundente no sólo tiene que ver con el significado del Milagro en la salteñidad, también influye y mucho, la actitud de la cúpula eclesiástica provincial que no puede desconocer los planteos sobre el cierre. Hoy, luego de los anuncios hechos prácticamente en «cadena provincial», el Arzobispo Mario Antonio Cargnello dijo desconocer ´lo que se informó y la Catedral no dejó de publicitar los horarios de misas para hoy y mañana.
Las relaciones institucionales entre Gobierno e Iglesia, todavía no están -como se ve- cohesionadas.
Apertura hacia la Legislatura
Otro anuncio destacado y comunicado casi de manera colateral en la conferencia de prensa de hoy fue el que marca cambios en la aplicación de la Ley 8191, es decir de la normativa vigente ante incumplimientos de medidas ante la Emergencia Sanitarias y que se incluyeron en el DNU 255. Su contenido fue impugnado por inconstitucional al darle atribuciones judiciales a la policía.
Sobre esta norma cuestionada durante los últimos meses tanto en Salta como a nivel nacional, Matías Posadas dijo que se tomaron las recomendaciones respecto al Régimen Excepcional (o policial) y que en adelante regirá un régimen contravencional. «Será un Juez de Garantías el que intervenga en cada una de las multas que se impongan en cada violación a las medidas dispuestas, queremos que lo debata la Legislatura», indicó.
La apertura hacia el Poder Legislativo también incluye el envío a la Legislatura de un proyecto de Ley para prorrogar por seis meses la Declaración de Emergencia Sanitaria, la misma fue decretada en marzo y vence el 13 de septiembre próximo. Esta premura en las fechas anticipa que este martes 8 la Cámara de Diputados trate dicha prórroga y que el Senado haga lo propio el jueves 10.
En la misma línea, Posadas anunció un proyecto para institucionalizar la integración del COE Ampliado, en el mismo propone la presencia permanente de representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Poder Legislativo y del Consejo Económico y Social.
La apertura hacia el Poder Legislativo llega luego de una semana de duros cuestionamientos al mismo, particularmente a la Cámara de Diputados. También, el Gobierno admitió la necesidad del funcionamiento de un COE ampliado, luego de tres semanas sin novedades del mismo.
La crisis provincial demanda decisiones, resta saber cómo se responderá ante las demandas ciudadanas del Norte provincial.