Las pocas estadísticas que se conocen sobre el sufrimiento mental de los salteños son catastróficas. Así lo quiere la rectoría de la Salud Mental.
* Por Rodolfo Ceballos
En seis años de la era saencista, no se hizo ninguna encuesta de bienestar personal, ni tampoco una comunicación oficial de los datos epidemiológicos sensibles. Todo está bien guardado en la caja negra de Salud Pública. Las estadísticas más conocidas pertenecen a las adicciones e indican que aumentaron aceleradamente sin vislumbrar una contención estratégica y planificada.
Las adicciones se mantienen en un alza imparable, llegaron al 60% en el último bienio. Con el agravante de que hoy los niños inician el consumo a partir de los 8 años de edad, antes lo hacían a partir de los 14 años.
Una fuente comentó que “Los niños tan pequeños drogados, es un caso de máxima incompetencia sanitaria”, y agregó que “cuando hubieron razones políticas y sanitarias para bajar la tasa de mortalidad infantil, se hizo bastante ¿Por qué ahora son insensibles con la infantilización de las adicciones?”
Es indudable que en Salta se rompió el pacto ético del cuidado de las infancias. Dato crítico para conocer la calidad humana de la política de salud mental de la provincia.
Al analizar las cifras de suicidio, desactualizadas por la opacidad oficial ya que pertenecen al 2022, se observa un aumento significativo. Las estadísticas salteñas indican que son superior a la tasa nacional ¿Continuará el ascenso del registro de los suicidios? Solo la caja negra de las estadísticas tiene la respuesta, pese a que se hacen profusas campañas de prevención del suicidio, pero no se conoce qué estadísticas apoyan las acciones, a qué grupo etario se las dirige y qué perfil epidemiológico sobre suicidios y autolesiones tiene Salta. Nada del tema es públcio, está en el secretismo aceptado.
La alta dirección de la Salud Mental no prioriza el derecho a la información que tiene la sociedad y a la que debe someterse por ser parte del Estado.
En Argentina, en el 2022, la tasa de suicidio por 100.000 habitantes fue de 6.7, mientras que en la provincia resultó 13.5.
El sistema de salud mental salteño se encuentra funcionando en la inercia del urgencismo. Así bautizamos al método elegido por el gobierno para todas las políticas públicas sociales.
El urgencismo es la administración de las crisis en la medida que presiona a los funcionarios y a las mismas estructuras sanitarias, sin dar soluciones de fondo. Haciendo la comparación con una medida de fuerza contemplada en el derecho laboral, la política pública de salud mental trabaja a reglamento. Se llega hasta donde se puede… Posibilismo al palo.
La policrisis abarca múltiples dimensiones estructurales, éticas, legales y comunitarias. Hace seis años que se profundiza la desfinanciación de los dispositivos asistenciales. Hay una ausencia rampante de la comunidad que no fue invitada a participar en soluciones conjuntas con el Estado, a través del tercer sector de la sociedad civil.
Se agrega a la policrisis del sistema, el incumplimiento de la ley nacional de salud mental que exige que el 10% del presupuesto destinado a la salud en general, debe destinarse al área de salud mental. Tampoco está en marcha el Órgano de Revisión para auditar las prestaciones y garantizar los derechos de los pacientes. Todo es planificado de arriba hacia abajo (no viceversa).
Existe un regocijo por elegir la dirección contraria a la que aconsejan los estándares internacionales, los que sustentan el modelo de abordaje de la salud mental adoptado por Argentina, en el 2010, para TODO su territorio.
Muchas áreas trabajan a reglamanto, lo que justifica llamar a la ineficiencia con el nombre de policrisis. Los operadores del sistema en general, junto a los que los dirigen, aceptan a la policrisis por sentir una impotencia resignada y/o la adaptación a la burocracia.
Es así que se naturalizó trabajar al margen de la ley de salud mental y de otros marcos legales, sin generar escándolo ni correción ¡Tremendo!
Esta situación fomentó el aceleracionismo de los altos indicadores del malestar de los salteños, sobre todo los de las adicciones.
Hay evidencia que falta un Plan Provincial de Salud Mental, con fecha de inicio, correciones, terminación y renovación, también con rendición pública de los resultados en presencia de los periodistas con preguntas y repreguntas ¡Bien transparente!
La misma fuente que nos hizo sus comentarios fue terminante: “Esta vez hay un equipo de salud mental de improvisados y empoderado que no le interesa dejar un legado en el sanitarismo salteño”.
Se practica una lógica de gestión pública que no busca resolver la crisis estructural del sistema, sino que la acelera o profundiza, llevando al límite el deterioro institucional.
Esta gestión aceleracionista se manifiesta en prácticas como no definir en seis años de gobierno provincial el reemplazo del Hospital Ragone por un establecimiento con perfil y funciones, según lo fijó la ley de salud mental.
Está priorizado y permitido declarar, infinidad de veces, la emergencia socio sanitaria con obras de infraestructura, pero solamente para la salud física y no para la mental. Hace un año duerme en el Senado el proyecto de declaración de la emergencia en adicciones, y ni siquiera llegó a debatirse.Todo lo devora el urgencismo constante, sin tiempo y espacio para las estrategias preventivas en la salud mental.
Este aceleracionismo no protege ni fortalece el sistema, sino que precariza y desestabiliza a los usuarios del mismo, reproduciendo el abandono institucional y la exclusión de quienes no pueden adaptarse al sistema.
A la rectoría de la salud mental no le importa una gestión orientada a mitigar la fragilidad y sostener el cuidado institucional, que priorice el fortalecimiento de los equipos, la reconstrucción del lazo social territorial, mientras se garantizan derechos con dispositivos accesibles y el cuidado de la legalidad como herramienta viva.
La política de la salud mental salteña- por no cumplir con la ley de salud mental- la puso en situación de agonía. Toma los artículos de la ley para discursear sobre las garantías individuales del usuario, a condición de que solo se hagan gárgaras con la norma, porque tampoco la digiere la tecnocracia saencista.
El aceleracionismo por default de una política en salud mental, es el síntoma de abandono planificado sin fecha de terminación. Por lo tanto, seguirán dominando aquellas políticas públicas que no tejen comunidad para el sufrimiento psicológico de los salteños.
(*) Periodista especializado en temas de psicología y salud mental.