Después de votarle el recorte en Salud al presupuesto, tal como pidió el Poder Ejecutivo Nacional, paradójicamente ahora le reclama las partidas para seguir atendiendo al sector.
Por Rodolfo Ceballos (*)
La rectoría de la salud mental de Salta se anotó en el pedido que hicieron once provincias a la Dirección Nacional de Salud Mental. Solicitan bajada de línea para las políticas públicas en sus jurisdicciones (!!??) y se quejan del importante recorte de fondos que necesitan en la superación de la crisis de sus respectivos sistemas. Le recuerdan a la Nación que deben continuar con las acciones que precisa el sector.
En los medios de prensa la rectoría de salud mental salteña lloriquea compungida su narrativa. Declara –cada vez que puede- que tiene dificultades para financiar reformas edilicias en los hospitales generales y hacer internaciones.
En el caso del Ragone, insiste en que necesita continuar con las reformas edilicias y la externación de pacientes crónicos por medio de casas de medio camino, además contar con dispositivos alternativos a la hospitalización prolongada.
Pasaron 15 años en que al menos 10 provincias firmantes del pedido a la Nación, no apuraron la aplicación de la ley nacional de salud mental, con excepción de Buenos Aires, que lleva adelante una reforma con muchas dificultades financieras. Salta sigue en mora con el cumplimiento de la ley. Todavía no diseñó un Plan Provincial de Salud Mental.
La nota elevada a la Nación es la muestra del federalismo berreta en que cayó la rectoría de la salud mental de los salteños. Después de votarle el recorte en Salud al presupuesto, tal como pidió el Poder Ejecutivo Nacional, paradójicamente ahora le reclama las partidas para seguir atendiendo al sector. Desde la ética política, esto constituye una doble vara: se exige con sobreactuaciones casi actorales autonomía y recursos, pero se vota subordinación al poder central.
Pero ese federalismo berreta no solo incluye a Salta. Entre las provincias firmantes del petitorio, se destacan aquellas que son bien «federales» en sus jurisdicciones pero obedientes oficialistas o unitarias en el Congreso. Estas son las otras que más apoyaron el ajuste en salud mental, cercano al 90% que contempla el último presupuesto: Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Salta.
La nota lleva también las firmas de Buenos Aires, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, que rechazaron el presupuesto con ajustes en salud.
La Argentina tiene 24 provincias, ¿qué están pensando las otras 13 jurisdicciones que no suscribieron ese reclamo, “vendido” a la prensa nacional como una epopeya federal? Las Once Hermanas quedaron en soledad absoluta como peticionantes con el resto del país.
El doble discurso político de las provincias ajustadoras, hoy devenidas defensoras de sus jurisdicciones con relación a la salud mental, permite -por la “magia” de una nota a la Nación- disfrazarse de federales después de aprobado el Presupuesto.
Se quejan ante la Nación por la interrupción unilateral de los encuentros federales del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA), desde 2024, y alertan sobre una crisis en el sector, marcada por el aumento de consultas en adicciones, intentos de suicidio y otros malestares contemporáneos.
Las peticionantes a la Nación no solicitaron la reunión del COFESAMA el año pasado, estaban de “roscas” políticas, ocupadas en las elecciones provinciales y en la nacional. Pero hoy se afligen con un federalismo por conveniencia.
Buscan restituir la coordinación federal para definir políticas públicas conjuntas, frente a la falta de información sobre proyectos de reforma a la ley nacional de Salud Mental que impulsa el Gobierno Nacional.
Existen varios proyectos para cambiar la norma, el más reformista de todos es el presentado por el diputado nacional mendocino, Alvaro Martínez (La Libertad Avanza). Plantea cambiar el paradigma vigente (el modelo social de la discapacidad), al reconceptualizar al «trastorno mental». Propone una redefinición técnica basada en alteraciones de la cognición y la regulación de emociones, buscando un enfoque más clínico.
Su proyecto busca agilizar los procesos de internación involuntaria y otorga mayor peso a la decisión de los profesionales de salud y la familia para evitar situaciones de riesgo. Por otra parte, propone reemplazar el concepto de «riesgo cierto e inminente» por «riesgo grave» para facilitar la intervención sin consentimiento del paciente. Aspira también a reformar la composición del Órgano de Revisión.
Las Once Hermanas están dispuestas al debate. ¿Qué harán cuando la Nación le recuerde que siete de ellas avalaron el recorte en la salud?
No basta con señalar la crisis; la ética política demanda asumir la responsabilidad de las decisiones tomadas. Reclamar fondos después de haberlos recortados es una forma de desplazar la culpa hacia la Nación, sin reconocer la propia participación en el desfinanciamiento de la salud mental.
(*) Periodista especializado en temas psicosociales y en salud mental.
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