El nosocomio, es un establecimiento monovalente, el único especializado en salud mental y termina el año saturado. A la intensa demanda no satisfecha, se le suma una elevada cifra de pacientes internados por orden judicial. El abordaje no es integral.
Por Rodolfo Ceballos (*)
El servicio que cumplió el Hospital Ragone, con relación a la justicia, durante 2025, fue un exceso impuesto. Contestó 1.400 oficios judiciales, cifra indicativa de que los jueces no cesan de ordenarle al hospital que reciba pacientes con las medidas de seguridad que ellos decretaron. Actualmente, se contabilizan 138 internados como pacientes judiciales.
En Salta, el Ragone es un establecimiento monovalente, el único especializado en salud mental; inclusive apoya también la formación en psiquiatría. Esta especialidad es muy requerida en la atención del sistema. Los pocos psiquiatras que hay terminan trabajando en el sector privado o en puestos de mayor remuneración.
La tensión entre las demandas de los jueces y la de la comunidad que busca atención del Ragone lo convirtió en un nodo donde se cruzan dos lógicas institucionales que no dialogan bien: la judicial, centrada en la seguridad, la custodia y la responsabilidad penal, y la lógica sanitaria, orientada a la atención clínica, la rehabilitación y la reinserción social.
Este cruce genera una sobrecarga institucional que desborda al hospital. Bastan las 3.500 consultas mensuales que recibe para comprender el rol asistencial que cumple en el esquema de salud mental salteño. Posee guardia las 24 horas, y los pocos psiquiatras que trabajan en el hospital deben multiplicar sus tareas entre la guardia y el internado. A esto se suma la atención de la telemedicina para el interior.
El Ragone funciona en el tercer nivel de atención. Realiza hospitalizaciones breves, prolongadas o incluso judiciales, dependiendo del pronóstico del paciente y el grado de complejidad con que llega al hospital.
En Salta, el modelo en salud mental es escalonado. Permite organizar los servicios sanitarios en niveles, según la complejidad de los casos y sostener una atención progresiva, desde urgente hasta especializada.
La atención primaria es el nivel de contacto entre los usuarios y los centros de salud ubicados en los barrios. Al modelo de atención en salud mental le falta un segundo nivel que amortigüe y descomprima la llegada de los casos al tercer nivel hospitalario.
Un segundo nivel serviría para abordar condiciones mentales clínicas que, por su complejidad, requieren de un equipo interdisciplinario y de una intervención más intensiva que la brindada en atención primaria. El Ragone recibe directamente derivaciones que podrían resolverse en un segundo nivel.
EL MUNDO AL REVÉS
En Salta, el modo en que operan los servicios de salud mental sufre de dualidad normativa.
Por una parte, la ley nacional de Salud Mental promueve la desmanicomialización, la atención comunitaria y la reducción de internaciones prolongadas.
Por la otra, el Código Penal ordena el mundo al revés: habilitas medidas de seguridad para personas inimputables por razones de salud mental, lo que implica internaciones obligatorias en hospitales públicos e, inclusive, de duración indefinida. Es por eso que el Ragone se satura de pacientes judicializados, ya que tiene que satisfacer dos mandatos contradictorios que recaen sobre el mismo hospital.
El Ragone, por el imperio judicial y de algunos códigos de fondo, se ha convertido en un espacio institucional híbrido: no llega a ser plenamente terapéutico ni decididamente penitenciario. La razón es que los jueces, por falta de dispositivos comunitarios de salud mental, derivan al Ragone como el último recurso para que se cumpla la medida de seguridad requerida.
La liquidez institucional de la salud mental salteña, mezcla de falta de financiamiento y oportunidades para ampliar los sistemas alternativos (casas de medio camino, programas de externación supervisada y equipos comunitarios interdisciplinarios, principalmente), hizo que el Poder Judicial mande internaciones que tensionaron la capacidad del hospital.
Hasta que no exista un consenso sanitario-normativo para las internaciones judiciales entre la Legislatura, el Poder Ejecutivo y el Judicial, todo seguirá recayendo en el Ragone. El hospital quedará así obligado a ser simultáneamente cárcel y clínica. Esta mezcla institucional la detectó el lector del último informe del Comité Contra la Tortura de Salta sobre el funcionamiento del Ragone.
Con una perspectiva de derechos humanos, se debe limitar el impacto de las decisiones judiciales en el sistema de salud mental salteño, antes de que la saturación del Ragone se convierta en un riesgo estructural comparable a la superpoblación carcelaria.
(*) Periodista especializado en temas psicosociales y de salud mental.