Los jueces federales se sienten traicionados por Lorenzetti, que se vio acorralado por el propio Tribunal.
El Poder Judicial entró en estado de guerra por la tensión explosiva que se generó entre Comodoro Py y la Corte, que este jueves emitió dos fallos que pone en jaque a la liga de jueces federales.
En un mismo día, el Máximo Tribunal ordenó al Consejo de la Magistratura que investigue cómo se conformó la Sala I de la Cámara Federal, que determinó la liberación del empresario Cristóbal López y a su socio Fabián de Sousa y ordenó a la bicameral de Inteligencia que inicie una auditoría en el organismo a cargo de las escuchas telefónicas para determinar si las filtraciones de los audios entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, difundidos por el periodista Luis Majul, surgieron de esa dirección de inteligencia.
El fallo de la Sala I fue dividido puesto que el camarista Leopoldo Bruglia se opuso y Jorge Ballestero se pronunció a favor. Esto obligó a recurrir a un tercero para desempatar. Pero hay indicios que arrojaron un manto de sospecha sobre la elección de este tercero, que fue Eduardo Farah, integrante de la Sala II, y quien resolvió en favor de la libertad de los empresarios. El tercer camarista debería haberse elegido por sorteo entre todos los camaristas que integran la Cámara Federal, pero hay sospechas de que Farah fue elegido a dedo.
En la reunión de acordadas de este jueves, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz exigieron emitir un fallo para ordenar una investigación sobre el procedimiento de elección a Farah, puesto que no querían que la Corte pague el costo que está pagando toda la Justicia por la liberación de Cristóbal López y la sensación de impunidad.
Lorenzetti, que dos semanas atrás dijo públicamente que estaba en contra de fallar de acuerdo a lo que exige la opinión pública, se vio contra la espada y la pared. Si no votaba junto a sus compañeros de la Corte, quedaría pegado al «pacto de impunidad» que instaló su enemiga Elisa Carrió en torno a la liberación de Cristóbal.