Desde la Cámara de la Minería salteña sostienen que “es más barato” poner una empresa en otros países. Al mismo tiempo, las inversiones el año pasado crecieron un 68% y en lo que va del año se registran cifras en alza.
La carga impositiva del país ahuyenta inversiones en el sector minero, según Carlos Ramos. “Una mina en Argentina tiene mayor carga impositiva que una mina en Perú y en Chile”, sostuvo el presidente de la Cámara de Minería de Salta al señalar que en las otras naciones “no hay” retenciones ni se aplica un IVA a la construcción.
De esta forma, Ramos pidió por “estabilidad fiscal” y “seguridad jurídica”, que en otras palabras significa mantener el estado de cosas en materia regulatoria para la actividad minera: “Tenemos minerales y las condiciones naturales (…). Tenemos que dar seriedad y no cambiar las reglas del juego”.
El planteo de las mineras con asiento en Salta acerca de que la “presión impositiva” desalienta las inversiones se contrapone con los números de la realidad: la inversión en el sector alcanzó los US$ 370 millones en 2022, lo que representa un alza del 68% respecto al 2021, según informó la Secretaria de Minería de la Nación.
Además, recientemente el INDEC dio a conocer que la producción minera en los primeros cinco meses del 2023 presentó un incremento de 10,7% respecto a igual periodo del año anterior. Entre los minerales extraídos para la fabricación de productos químicos, el carbonato de litio y otros minerales registra una suba de 11,5% de enero a mayo.
“Estos números reflejan lo que venimos diciendo: la industria minera está en pleno desarrollo en nuestro país y no son solo números, son familias y comunidades enteras que crecen gracias al impulso de la actividad”, dijo la secretaria de minería nacional Fernanda Ávila, quien también ponderó que en los últimos diez años “Argentina es el principal destino de inversiones en exploración” en litio.
Las afirmaciones de Ramos se dieron en pleno proceso electoral y en medio de acalorados debates acerca del futuro de la minería. Hay quienes proponen una modificación a las normas actuales para garantizar un encadenamiento de valor en lugar de exportar la materia prima, mientras que las mineras y automotrices exigen no tocar nada.
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