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jueves, marzo 28, 2024

Matufias en el PAMI | Los ex funcionarios de La Cámpora se abstuvieron de declarar en el juicio en su contra

Inició el juicio en el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta contra dos empleados de la Unidad Salta del PAMI, Claudio Marcelo Palacios y Ricardo Gabriel Coronel, y Sebastián Gonzalo Villagrán Di Prieto, propietario de una empresa de logística y servicios audiovisuales. Enfrentan cargos por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario público, y se los acusa de perjudicar al Estado Nacional en más de tres millones de pesos.

Según el fiscal federal a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, los empleados públicos preparaban la documentación mediante la cual se tercerizaban ciertos servicios que eran pagados por ese organismo nacional, y por cada contratación se presentaban tres presupuestos, siendo la tasación más baja presentada por la empresa de Villagrán Di Prieto. Además, se comprobó la existencia de empresas que concursaban en las contrataciones que presentaban irregularidades, y se verificó que las presentaciones de las otras empresas eran falsas.

En las comunicaciones telefónicas, los imputados hicieron referencia a que “después de esas cosas hay cometa” y que “van a quedar como diez lucas de cometa para cada uno”. Las defensas rechazaron la acusación, y los imputados optaron por negarse a prestar declaración por el momento en el proceso.

Los testigos, en su mayoría policías federales, explicaron cómo se identificó a los imputados a través de intervenciones telefónicas y cómo se llevaron a cabo los allanamientos. Los diálogos interceptados mostraron la relación entre el funcionario del PAMI y los empresarios, donde se les daban instrucciones sobre cómo debían confeccionar las facturas y se hablaba de un posible pago de comisiones. Además, se sospecha que Palacios intentó deshacerse de su teléfono al ser advertido sobre el allanamiento.

Los investigadores confirmaron la existencia de una denuncia anónima que desencadenó la investigación y destacaron la importancia de las intervenciones telefónicas para identificar a los imputados. También se hizo mención de los allanamientos, incluyendo uno en las oficinas del PAMI. A pesar de la defensa del término “cometa” como algo común en el PAMI, los diálogos interceptados sugieren que se estaban discutiendo pagos irregulares.

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