El gobernador ya intentó expulsar a los jubilados de la obra social provincial, que fue intervenida en febrero por serias irregularidades financieras. ¿Los sueldos bajos o las tercerizadas desfinancian al IPS?
En mayo de este año, el gobernador Gustavo Sáenz envió a la Legislatura un proyecto de ley de su autoría, para excluir de la obra social provincial, a los empleados públicos provinciales que aportaron durante toda su vida activa para ser transferidos al PAMI, con todo lo que ello significa. Pese a la mayoría automática en ambas cámaras legislativas, el proyecto recibió un masivo repudio y el propio Sáenz pidió que no se tratara.
Lo curioso, fue que la iniciativa se dio en el marco de una intervención al IPS que transcurre bajo un manto de opacidad, con una obra social que no responde los pedidos de informes de la Legislatura y con un interventor que no comunica cuáles son las irregularidades financieras y quiénes son los responsables.
Tampoco se deja en claro si hay una justificación operativa y financiera de las contrataciones de empresas tercerizadas que prestan servicios de dudosa eficiencia en la obra social. Una de ellas es “BRINDAR SALUD SAS”, que en teoría presta servicios de auditoría de facturación y control de liquidación de prestaciones médicas, justamente el aspecto más controvertido ya que fue el propio Sáenz el que insinuó sobrefacturaciones por parte de prestadores privados.
Por si fuera poco, Brindar Salud, es una empresa inscripta en Tucumán en 2019, meses antes de la designación de Gladys Sánchez, en la presidencia del IPS y no está inscripta como proveedora del Estado en Salta. Otras empresas tercerizadas, también fueron observadas por serias irregularidades, se trata de TRADITUM S.A, Estudio GVO Auditores y Consultores S.A.S, aunque esa información, es ocultada por el interventor Emiliano Savoy.
MUNICIPALES EN LA MIRA
A raíz de los bajísimos aportes de empleados municipales contratados bajo el método de locación de servicios, a principios de año se emitió una resolución aumentando el aporte individual a través de un complemento por parte de los municipios y otro a cargo de la Provincial.
A poco de andar, los gobiernos municipales consideraron elevado el monto, sumado a que luego la provincia se les descuenta su aporte de los fondos de la Coparticipación. La solución, según se anticipó, es la expulsión.
“Es mucha gente la que se verá afectada, los sueldos de las municipalidades son más bajos y existen las contrataciones con sueldos por debajo del salario mínimo vital y móvil”, sostuvo la presidenta de la comisión de Salud de Diputados, Laura Cartuccia.
El oficialismo provincial, que no rompió su acuerdo con el Gobierno nacional y su ajuste, tal como quedó demostrado en la ausencia de los diputados nacionales saencistas en la última sesión, se apresta a desatar un nuevo ajuste, esta vez desde la obra social provincial.
La motosierra bajo el poncho de “primero los salteños”, sigue asomando sin disimulo.
Perfidia a cara descubierta: Sáenz va por la caja del IPS expulsando a jubilados