Sin que medie una ley del Congreso Nacional, como se propuso en 2021 y 2023, el gobernador y funcionarios nacionales acordaron la cesión de valiosas tierras a la provincia, según se informó, para “viviendas sociales”. Ni el intendente, ni los legisladores de Cerrillos estaban anoticiados.
Este lunes se supo que el gobernador Sáenz firmó un convenio con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, para la cesión de un terreno en Cerrillos destinado a la urbanización. Se trata de 41 hectáreas pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Según se informó oficialmente, las tierras se asignarán al Instituto Provincial de la Vivienda -IPV-, para la construcción de “viviendas sociales”.
El convenio se firmó con el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado Nicolás Alberto Pakgojz, en un acto en el que además estuvo presente el secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Pazo.
«Con estas nuevas hectáreas, el IPV podrá desarrollar nuevas urbanizaciones que den respuesta a la demanda de soluciones habitacionales en la Provincia, contribuyendo a disminuir el déficit habitacional”, afirmó el gobernador Sáenz.
Antecedentes parlamentarios
En mayo de 2021, el diputado nacional bonaerense Carlos Selva, perteneciente al massismo como un sector del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley para ceder a Salta, un inmueble de 596 hectáreas del INTA en Cerrillos, para ser destinadas a un plan de loteos que preveía la subdivisión de cerca de 2900 parcelas.
En 2023, bajo el impulso del diputado salteño Lucas Godoy, la Cámara de Diputados de la Nación, se abocó al tratamiento de una iniciativa con la misma pretensión pero con una superficie mucho menor: 41 hectáreas. Ese proyecto tampoco prosperó.
En ambos casos, los sectores ruralistas como la Sociedad Rural, PROGRANO y la Federación de Entidades Rurales Salteñas (FEDERSAL), consideraron un despropósito el proyecto y se opusieron al mismo.
Por saber
Si bien el gobernador Sáenz eludió la instancia legislativa a partir de la firma de un convenio con funcionarios del Gobierno nacional, es claro que todavía se desconoce qué tipo de proyecto urbanístico e inmobiliario se desarrollará en la zona.
Por cierto, la ultima vez que en el área metropolitana se habilitó una iniciativa similar para un desarrollo en una gran superficie, fue en las tierras de Pereyra Rozas, donde la principal objeción fue que no se haya dispuesto la construcción en altura, para atender un pronunciado déficit habitacional que en Salta supera las 100 mil viviendas.
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