Mientras para los vecinos los impuestos siguen subiendo, Gobierno y municipio avanzan con aliviar la carga tributaria a los sectores con alto poder adquisitivo.
En un contexto económico asfixiante para la gran mayoría de los salteños, el Gobierno provincial de Gustavo Sáenz y la Municipalidad que conduce Emiliano Durand tomaron una decisión que profundiza las desigualdades: aliviar la carga tributaria de sectores con alto poder económico como las mineras y las desarrolladoras inmobiliarias, mientras que las familias siguen recibiendo aumentos en el impuesto inmobiliario, la tasa general de inmuebles y otros tributos municipales.
La medida fue presentada como una “estrategia para fomentar inversiones”, pero en los hechos, representa una transferencia de esfuerzos: se baja la presión a quienes más ganan y se sostiene -cuando no se incrementa- sobre los ingresos de trabajadores, pequeños comerciantes y pequeños contribuyentes que no tienen posibilidad de pedir beneficios especiales.
En la última sesión del Senado provincial dio media sanción al decreto del ejecutivo provincial que busca retrotraer las tasas de exploración a los valores de inicios de 2023. Las empresas mineras cuentan con regímenes especiales que ya les garantizan ventajas impositivas a nivel nacional. A esto se suma ahora una política local que, lejos de compensar ese desequilibrio, lo profundiza. Las grandes firmas del litio operan en Salta con escasa fiscalización y ahora con menos costos fiscales aún, en medio de una crisis que golpea los servicios públicos.
El caso de la decisión de Emiliano Durand de dar beneficios a los desarrolladores inmobiliarios también genera fuertes críticas: se les otorgan facilidades impositivas, exenciones de tasas, y hasta acuerdos de urbanización que les permiten avanzar sin controles ambientales serios ni contraprestaciones sociales. Mientras tanto, los vecinos deben enfrentar subas anuales de más del 500% en sus boletas municipales.
La doble vara es evidente. Quienes pagan siempre son los mismos: jubilados, empleados públicos, cuentapropistas y asalariados. No hay exenciones para ellos. No hay beneficios ni incentivos. Solo notificaciones de deuda, ajustes por inflación y el deterioro visible de los servicios básicos.
Esta política fiscal, lejos de ser «progresiva», profundiza una matriz regresiva donde se premia a los grandes capitales mientras se le exige cada vez más esfuerzo al ciudadano común. La pregunta es hasta cuándo se podrá sostener esta lógica sin generar un quiebre social mayor.