Por Rodolfo Ceballos (*)
La curadora oficial de la Asesoría General de Incapaces, María José Miranda, en una entrevista inusual sobre el estado de la salud mental en Salta, que permitió la Pregunta Soldano (las que son sin concesiones) y las repreguntas lógicas, mostró su transparencia y objetividad. El diálogo se realizó en Radio Infinito, en el programa Primera Tarde.
La abogada hizo caer algunos mitos del «buenismo» de la gestión de la salud mental en Salta y develó el gatopardismo en el sector.
Frases de antología:
– «Los legisladores cuando sancionaron las funciones del Órgano de Revisión que exige la ley de Salud Mental nacional, ni nos consultaron (se refiere a la Asesoría de Incapaces); pasaron tres años de esa aprobación y aún no está reglamentado por falta de coincidencias. Nosotros hicimos nuestra propuesta, pero nada…».
– «Propusimos trabajar desde la Asesoría de Incapaces conjuntamente con muchos sectores, pero no pudimos tener una agenda común con la Secretaría de Salud Mental de la Provincia».
– En los casos en que el Hospital Ragone no quieren internar las derivaciones que hacemos, aún en situaciones necesarias, encontré, estudiando la ley, una ventanita por donde colarme. Pido al equipo interdisciplinario del Poder Judicial que lo evalúe para saber si cumple con los requisitos que establece la ley, si la persona presenta riesgo para sí o para terceros, y si tuvo posibilidades ambulatorias de tratamiento y si éstas han fracasado. Me dan la razón, entonces solicito al juez, su internación. Es allí cuando el Ragone recién interna”.
– “Si se reforma la ley de Salud Mental sería para el tema de las internaciones, así se reequilibran las responsabilidades entre los equipos de salud y el Poder Judicial”.
“Cuando el juez obliga a una internación en el Ragone, como son refractarios a hacerla, las resoluciones salen – con un cliché- con la advertencia de que, en caso de no internar, habrá incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Estos conceptos y otros también críticos, fueron sostenidos por Miranda con amplio conocimiento y detalles jurídicos, con independencia de criterio y experiencia en el área de la justicia que le toca actuar.
El buenismo es la actitud de los funcionarios de la salud mental que le rebajan la gravedad a la crisis del sistema y quitan importancia a los problemas que atraviesa por falta de gestión, recursos financieros y humanos, y por no tener diseñado un plan de salud mental a corto, mediano y largo plazo. Los que están en falta de ese plan maestro, son los desangelados.
El buenismo alude a los que ceden con benevolencia o actúan con excesiva tolerancia, ante la anomia y/o el gatopardismo de una gestión inconducente para la comunidad. La gestión no tiene impacto en la accesibilidad ni en la resolución de las brechas que hay entre los usuarios del sistema y el Estado. Sin propuestas viables para las adicciones y los distintos grupos etarios de la provincia.
Por las grandes diferencias que tiene el Poder Ejecutivo con la Asesoría de Incapaces en torno a cómo debe funcionar el Órgano de Revisión, no es posible una pronta reglamentación de la ley 8323/22; puede ocurrir que la letra de esa norma quede como ley muerta.
El desinterés por la seguridad jurídica de los pacientes con sufrimientos mental llegó a ese grado de anomia endémica. No hay voluntad política para terminar con la gestión gatopardista.
Se sancionó hace tres años la ley 8323 que modula al sistema y lo controla (aunque todo en forma no vinculante y solo de modo consultivo); a la hora de instrumentar la vigilancia y gestionar mejor las prestaciones de los efectores de salud mental, todo terminó, en Salta, en letra muerta.
A la tensión entre la salud mental y los derechos humanos consagrados en la ley de Salud Mental nacional -por las trabas de los buenistas para acceder a internaciones y otras prestaciones del sistema-, la curadora oficial la explicó lúcidamente. Todo lo contrario, a lo que hacen los buenistas de la salud mental del Estado: no pueden criticar las fallas del sistema por tener conflictos de intereses: salariales, laborales, sindicales, por pertenecer a grupos de presión, marcos teóricos pertinentes y otros o, por su romanticismo defensivo, a veces funadamentalista y militante, sin reaccionar frente a la inseguridad jurídica que hay en Salta sino se aplica la totalidad la ley de Salud Mental.
El Poder Judicial (con jueces que ya fallan a favor de la ley de Salud Mental), la Defensa Pública y la Asesoría de Incapaces son, hasta ahora en Salta, los únicos interesados en preservar los distintos institutos jurídicos que creó la ley de Salud Mental, como ser la legalidad y la accesibilidad de las internaciones involuntarias, el funcionamiento del Órgano de Revisión, el cumplimiento de los pactos internacionales en los que se basó el legislador para redactar la ley de Salud Mental, entre otros aspectos de los ejes sanitarios-jurídicos en que se basa las regulaciones del sistema y su derecho positivo que les dan sustento.
La falta de accesibilidad en el Ragone abona más las crisis. Los que conocen la demanda sanitaria frustrada enfatizan que esa situación genera una aversión de la comunidad con el único hospital monovalente de salud mental por su difuso perfil actual y por los discrecionales criterios de admisión, cada vez más exigentes, solapados por razones presupuestarias más que clínicas.
El Ragone nunca explicó a la comunidad cuál es su política de internaciones y qué proyectos alternativos ofrece a cambio. Se autopercibe en transformación según los derechos humanos y de no cronificar pacientes por “militar” la ley de Salud Mental. Ello implica que no ampliará su capacidad de recepción, respuesta que hizo disminuir la internación. A esta decisión la comunidad la toma como inseguridad jurídica para los usuarios. Es decir, el Ragone ni se transforma vía cumplimiento de los derechos humanos, ni tampoco es como era antes: una maquinaria conservadora de política asilar. ¡El perro del hortelano sigue ladrando a los que se le acercan! Ni come, ni deja comer.
El diálogo radial con la curadora oficial permitió conocer cómo funciona, sin mitos de falsas eficiencias, el fragmentado escenario sanitario de la salud mental, en la que cada uno canta el Antón Pirulero y desarticula el necesario trabajo interinstitucional, transversal y comunitario
Los buenistas llevaron a que esa desarticulación produzca la colisión entre los poderes del Estado y la falta de acceso, equidad y condiciones dignas para los pacientes salteños.
Los desangelados, por su parte, siguen enredando a la salud mental en Instagram y creen hacer con la virtualidad un trabajo sanitario pleno de incidencia social, sin programas consistentes de salud mental orientados a los distintos grupos vulnerables. No tienen en cuenta el trabajo con las redes reales: las sanitarias y las territoriales. Son sosos.
La salud mental local carece de la bisagra entre lo legal y lo clínico. Hasta tanto aparezca ese punto de soldadura habrá inseguridad jurídica y falta de accesibilidad sanitaria para el sufrimiento mental en Salta.
(*) Periodista especializado en temas de psicología y salud mental