Pese a la enorme conmoción social que se vive en el pueblo por la muerte de un nene de cinco años, tras un incidente protagonizado por el chofer del intendente, el gobierno decidió protegerlo y podrá seguir gobernando.
El trágico siniestro vial, protagonizado por el chofer del intendente Javier Wayar en un vehículo oficial, que terminó con la vida de Tomás, un nene de tan solo cinco años, el saencismo decidió que en La Merced “no pasó nada” y el jefe comunal podrá seguir al frente del municipio. Cuando todo un pueblo esperaba una respuesta de la política, por este caso y muchos otros temas que tenía a Wayar en jaque, el gobernador Gustavo Sáenz y su espacio decidió mirar para otro lado y darle la espalda a la gente que pedía que el intendente deje su cargo.
La confirmación de todo esto la dio el diputado del departamento Cerrillos, Luis Albeza: “Si el intendente va a la Municipalidad, atiende a los vecinos y presta servicios, no hay problema en que siga en su cargo”, dijo increíblemente a El Tribuno uno de los autores del proyecto para intervenir el municipio de La Merced que horas antes había sido presentado en la Cámara de Diputados.
Estas declaraciones de Albeza, que horas antes decía que la continuidad de Wayar era insostenible, confirma que la orden de proteger al nefasto intendente llegó “de más arriba” y todos apuntan al gobernador Gustavo Sáenz. De diversas fuentes aseguran que el propio mandatario estuvo reunido momentos antes de la sesión de Diputados del martes pasado, cuando se iba a tratar el proyecto del propio Albeza, con Javier Wayar. Allí el gobernador habría acordado frenar el proyecto y blindar cualquier intento de destitución.
El trasfondo es que, de avanzar con una intervención, ya serían cinco los municipios intervenidos en la gestión Sáenz. En el oficialismo temen que una intervención ocasione un efecto catarata y otros municipios, también con graves problemas institucionales, como el de Hipolito Yrygoyen, vayan en esa dirección.
En un contexto de creciente malestar social en La Merced, los vecinos esperaban una respuesta política. Sin embargo, el Gobierno provincial solo pudo garantizar represión policial.