Si bien las obras de refacciones en el hospital de salud mental doctor Miguel Ragone van avanzando, el gerente Fernando Acuña advirtió sobre la falta de personal frente al incremento de patologías después de los años de pandemia, vinculadas muchas de ellas a problemas de consumo.
Hace más de un año, en julio de 2022, la Jueza de Familia Nº 2 de Orán, Ana María Carriquiry, hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó al Estado Provincial que, a través del Ministerio de Salud Pública, implemente un Plan en materia de Salud Mental. El gerente del hospital de salud mental Dr. Miguel Ragone, Fernando Acuña, celebró el presupuesto destinado para refacciones en el nosocomio y dio detalles sobre la situación en Salta, advirtiendo un incremento elevado en pacientes con problemas de consumo de pasta base, en muchos casos en combinación con el consumo de alcohol.
Según afirmó, las obras de refacción en el nosocomio presentan un 70% de avance. “Hay sectores que ya están habilitados, el de varones, junto con el laboratorio y odontología. La obra está pensada en 1500 metros cuadrados”, subrayó, aclarando que las refacciones fueron pensadas desde la Ley 26.657 de salud mental, incluyendo así en sus instalaciones un dispositivo que prepara a los pacientes para la salida a la sociedad a fin de promover la desmanicomialización.
“Todavía tenemos una cantidad de personas que son los más difíciles de externar. En el 2010 teníamos 220 personas dentro del manicomio, hoy tenemos 85. Así como la palabra desmanicomialización es difícil, es difícil el proceso”, expuso el profesional y añadió: “Trabajamos a la mano de la justicia, en particular del Ministerio Público, porque a una persona acá se le hace un juicio para determinar qué cosas puede hacer y cuáles no”.
Indicó que si bien la ley se aprobó en 2010, y fue reglamentada en 2013, “en estos años ha faltado presupuesto”. “Cuando se crea la ley, se hace una valoración de todos los hospitales de salud mental y el promedio de presupuesto para salud mental era de 1,93, y casi el 90% destinado a los hospitales y no a otras estrategias de salud mental”, remarcó, aclarando que los problemas de consumo no estaban contemplados, así como otras patologías que van en aumento.
Recordó que la normativa vigente, y así lo señaló la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, prevé que el 10% del presupuesto de salud pública vaya a salud mental, y detalló: “No quiere decir que va solamente al hospital, sino a pensar políticas públicas. Por ahora, estamos cumpliendo con la ley. Tenemos una casa de medio camino, una residencia terapéutica compartida con la justicia, con la Secretaría de Adultos Mayores, y un hospital de día”.
Por otra parte, precisó que el hospital Miguel Ragone recibe a unos 5 mil pacientes mensuales por consulta externa, de los cuales 3 mil son fijos con patologías crónicas, y enfatizó: “Que hoy se haga algo tan grande, con un presupuesto aproximado de 136 millones de pesos que nunca se habían invertido en este hospital es importante para la vida de las personas y la dignidad de los trabajadores”.
Problemas de consumo
De acuerdo con lo que explicó Acuña, la mayor cantidad de consultas en el nosocomio solían realizarse por casos de esquizofrenia. Sin embargo, actualmente se deben a casos de personas con problemas de consumo, incluso pacientes duales que llegan con alguna afección mental, sumado al consumo de alguna sustancia. El mayor consumo, advirtió, es de pasta base, aunque también hay casos de policonsumo, con “una sustancia que a veces no le prestamos atención que es el alcohol”.
Al respecto, cuestionó la criminalización de consumidores y consumidoras, y destacó al abordaje que se realiza en lugares donde el consumo está permitido y existen políticas de reducción de daños. “Europa hace muchos años tiene una política de reducción de daños, relacionada al consumo de sustancias que tienen ellos. La reducción de daños en estos países se hace con el consumo de heroína, que en los años 80 se consumía mucho y el uso compartido de jeringas traía aparejado el contagio de otras enfermedades como el VIH. Para combatirlo, el Estado le da otra sustancia, metadona, que hace que la suplante y comienza a mermar la cantidad de dosis”, describió el profesional.
Además, remarcó que ante los problemas de consumo “la persona se va marginando de los sistemas sociales, el sistema de salud, la educación, la familia”, por lo que subrayó que “el sistema de reducción de daños lo que hace es introducir a la persona en el sistema de salud”. “El Estado se hace cargo de eso, es tratar de reducir los posibles contagios o problemas de salud. Eso ayuda a que la salud pública no tenga tantos gastos cuando la persona está deteriorada”, enfatizó al tiempo que cuestionó las políticas de tolerancia cero ya que “la ilegalidad trae aparejado que no haya un control de calidad de lo que se consume”, con los riesgos que ello implica.
Salud mental post pandemia
Según advirtió el gerente del hospital, después de la pandemia se ha observado un aumento en los trastornos de ansiedad, pese a lo cual continúa habiendo una carencia de profesionales, especialmente de psiquiatras, en el sistema de salud pública. Situación que, remarcó, no es distinta en el sector privado dado que “a las prepagas no les conviene invertir en salud mental porque los nomencladores pagan muy poco”. “Si no hubiera un Estado presente, ¿Quién se haría cargo?”, reflexionó al respecto.
“Todos los hospitales tienen su equipo de salud mental. Para ellos- en referencia al sector privado- es un gasto. Para el Estado, es una inversión. No se puede pensar en un Estado que no esté presente”, agregó en alusión a las elecciones nacionales y las propuestas de privatización que promueven desde el espacio de La Libertad Avanza.
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