La Cámara baja sancionó la reforma del Código Contravencional que apunta a cuidacoches. Se establecen multas de hasta $360 mil y penas de hasta 40 días de arresto.
La Cámara de Diputados de Salta convirtió en ley la reforma del Código Contravencional que endurece las sanciones contra los llamados “trapitos”, una práctica extendida en distintos puntos de la ciudad y que desde hace tiempo genera tensiones en el uso del espacio público.
El texto aprobado incorpora un artículo específico que penaliza el cobro por el cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización. A partir de ahora, quienes incurran en esta conducta podrán enfrentar arrestos de hasta 40 días o multas económicas que se calculan en unidades móviles vinculadas al precio del combustible más caro.
En números concretos, las sanciones económicas pueden escalar hasta los 360 mil pesos, en función de la actualización automática que implica atarlas al valor de la nafta. Un mecanismo que busca evitar que las multas queden desfasadas frente a la inflación, pero que al mismo tiempo eleva significativamente el costo de la contravención.
La ley también contempla agravantes. Entre ellos, la actuación organizada o reiterada, y los casos en los que la actividad se desarrolle en inmediaciones de eventos masivos o lugares de alta circulación. En esos escenarios, la posibilidad de arresto efectivo gana peso dentro del esquema sancionatorio.
Durante el tratamiento legislativo, el eje estuvo puesto en la necesidad de “ordenar” el espacio público y dar herramientas a las fuerzas de seguridad y a la justicia para intervenir ante situaciones que, según se planteó, pueden derivar en intimidaciones o conflictos con automovilistas.
Pero detrás del argumento del orden, asoma otra discusión. La norma impacta de lleno sobre personas que encuentran en esta actividad una forma de subsistencia en contextos de alta vulnerabilidad.
En lugar de generar condiciones o alternativas laborales, la respuesta que se consolida es la sanción: multas elevadas y la amenaza concreta de arresto para quienes, en muchos casos, buscan simplemente trabajar.
Con la sanción definitiva, la provincia avanza en una respuesta que recurre al endurecimiento del Código Contravencional frente a una actividad informal fuertemente ligada a la precariedad. Una decisión que vuelve a poner en el centro al castigo como herramienta, mientras la discusión de fondo sigue orbitando por fuera del recinto.