Conforme pasan los días, empieza a constatarse que la voluntad del oficialismo es contrariar los propósitos expuestos de manera unánime en la reforma constitucional. En efecto, la comisión de Órganos de Control de la convención de fines del año pasado, fue la única que obtuvo dictamen unánime y dejó un claro mensaje respecto a que el control del gasto público no puede estar a cargo del propio oficialismo.
Sobre el final de la Convención Constituyente, la comisión de Auditoría de la Cámara de Diputados de Salta, integrada por legisladores del oficialismo, postuló ante el Senado a la abogada Elsita Pereyra Maidana y al contador Marcos Segura Alzogaray, para cubrir las dos vacantes del Organismo.
El Senado cerró el período legislativo sin definir sobre el asunto, dando muestras de lo incómodo o improcedente que resultaba que el proceso de participación pública hay finalizado en la misma semana en la que se proclamó la nueva Constitución.
La polémica se centra en la propuesta de la comisión de Auditoría de Diputados, ya que la misma no se ajusta ni a la vieja ni a la nueva Constitución Provincial, como tampoco a la Ley provincial 7103, en la que se establece que al menos dos de los cinco auditores deben reflejar la propuesta de diputados de la oposición política.
Durante el primer semestre de 2021, el oficialismo propuso y aprobó las designaciones de Gustavo Ferraris, Abdo Esper y Javier Cancinos, sobre el último incluso se dijo que fue a pedido del propio Gobernador. A fines del año pasado, una comisión integrada por diputados de bloques oficialistas, con la excepción del radical Matías Monteagudo que se ausentó, postuló a Pereyra Maidana (quien pertenece al Partido Renovador, que fue parte de la alianza oficialista Unidos por Salta) y a Segura Alzogaray, que si bien lo propuso el Partido de la Victoria durante 2016, en 2021 postuló a otro profesional.
Por la borda
Esta semana, en la Cámara de Diputados el oficialismo fijó una postura que tira por la borda el propósito de la Reforma de la Constitución respecto a la calidad institucional y el control del gasto público.
La diputada Socorro Villamayor criticó abiertamente al Senado por “dormir” el proceso para el nombramiento de Pereyra Maidana y Segura Alzogaray en la Auditoría y puso como argumento que la abogada es “hija de una histórica dirigente renovadora”, como si ello aportara algo significativo. Por supuesto que esta legisladora omitió que el PRS integró la alianza oficialista en la última elección provincial.
Papel pintado
De la reformada Constitución de Salta pareciera que lo único aplicable es el adelantamiento del período de sesiones legislativas a marzo. La limitación de las reelecciones se aprobó sin cláusula transitoria y todo comienza de cero en 2023.
Para el caso de los integrantes de la Auditoría, las nuevas condiciones para su designación comenzarían a aplicarse en 2026.
La Cámara de Diputados, tampoco parece estar dispuesta a cumplir con la manda constitucional en cuanto a la conformación de la comisión de Auditoría con mayoría de la oposición de acuerdo al Artículo 169. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, presentó una nota formal a la Cámara de Diputados solicitando el cumplimento del mencionado artículo de la Carta Magna provincial.
Probablemente el oficialismo entienda que no es necesaria tal conformación teniendo en cuenta que deberán hacer nuevas propuestas recién dentro de cinco años (!!), sin embargo, la comisión debe constituirse ya que puede darse una renuncia o suceder lo de 2016 cuando falleció el auditor Oscar Salvatierra y la comisión debió proponer un reemplazo.
La reforma de la Constitución que trascendió ante una gran indiferencia social atraviesa ahora un desgaste por esta suerte de doble discurso. (PRA)