Esta semana, la Cámara aprobó dos declaraciones con demandas mínimas hacia el agente financiero de la provincia, manifestando un fastidio que posiblemente se diluya cuando deban tratar la renovación del convenio de vinculación.
La Cámara Baja aprobó un proyecto de Declaración que requiere que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de las áreas que correspondan, gestione ante el Banco Macro S.A. la instalación de cajeros automáticos en todos los municipios de la provincia.
Durante el tratamiento, la diputada radical Soledad Farfán, una de las autoras del proyecto, indicó que esta iniciativa surge ante el planteo de los vecinos de departamentos del interior quienes manifiestan que los cajeros automáticos de la entidad bancaria son escasos, y que, al momento de la fecha de cobro de haberes, pensiones o jubilaciones, deben trasladarse a otras zonas o realizar filas interminables desde el día anterior.
Tras ella, sus pares Ricardo Vargas de Iruya, Gloria Seco de Orán, Santiago Vargas de San Martín, Nancy Jaime de Metán, Luis Mendaña de La Caldera y otros oficialistas, manifestaron peticiones en similares términos.
La legisladora oranense incluso recordó que desde el inicio de su mandato se plantearon los mismos pedidos y pidió evitar la vulneración de los derechos de los vecinos.
Avanzada la sesión, se votó otra declaración solicitando que se gestione la instalación de cajeros automáticos en los municipios de Iruya, Isla de Cañas, La Caldera y Vaqueros, extendiendo el pedido de gestión Banco Nación.
Si bien es positivo que los legisladores se manifiesten haciendo eco de las demandas elementales de sus representados, es claro que el Poder Legislativo tiene claras facultades para que esas tibias peticiones se transformen en exigencias.
Claro que para ello, deberían tener mínimos atisbos de lucidez y autonomía políticas. En otras palabras, si ya se da por descontada la decisión de renovar el convenio de vinculación del Banco Macro como agente financiero de la provincia, los diputados podrían empezar a trabajar en un pliego de condiciones para que el Poder Ejecutivo lo incorpore, de lo contrario, todo lo dicho no será más que una triste catarsis.
En más de una ocasión ya fue planteada la crítica a que se pague por una actividad que otras entidades financieras estarían dispuestas a pagar un canon, por lo tanto, en la exigencia tiene total razonabilidad, sólo hace falta la decisión política.