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miércoles, febrero 19, 2025

Desalojos | “En la ruta 81 hay propiedades de Macri, de Susana Giménez, de los Romero, de Tinelli”

Durante el debate por la prórroga a la Ley de regularización dominial que frena los desalojos a familias campesinas y pequeños productores, el diputado Rogelio Segundo aleccionó a sus pares respecto a los conflictos “entre privados” que tienen como centro la disputa por la posesión de tierras, en muchos casos, ancestrales. “Se atribuyen ser dueños gente que estuvo en el gobierno, exfuncionarios con mucho poder”, agregó su par Mirtha Miller.

Ayer sesionó nuevamente la Cámara de Diputados provincial y, en la ocasión, se aprobó y pasó al Ejecutivo la prórroga por un año de la Ley N° 7.658, que suspende “hasta el 31 de diciembre de 2024 las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios”.

La presidenta de la comisión de Legislación General, Socorro Villamayor, remarcó el hecho de que la ley, aprobada en diciembre de 2010, tuvo recién en junio de 2021 una Unidad Ejecutora. “Hoy empezaron a cumplirse los objetivos de la ley de regularización dominial”, dijo a más de 10 años de aprobarse la normativa, y precisó que son unas 67 mil las hectáreas cuya situación se trata en la mencionada unidad, con acuerdos y mediaciones.

Ante sus pares, indicó que a nivel judicial hay alrededor de 50 presentaciones, de las cuales solo 10 tienen como objeto el eventual desalojo o desocupación del lugar, y aseguró que “no hay afectación al derecho al acceso a la justicia”.

Entre las voces en contra que se pronunciaron durante el debate, el diputado Roque Cornejo (PRO) aseguró que “la propia ley es inconstitucional”, y pidió conocer “quien lleva en detalle las presentaciones de inconstitucionalidad”. “Prorrogar no lo va a transformar en constitucional, es una ley que se entromete en el Poder Judicial”, sostuvo para luego cuestionar que “se da por supuesto que son malos” (los titulares de las tierras) y afirmar también que “no podemos tirar un manto de sombras sobre un propietario o sobre un juez”.

“No van a tener una solución los ciudadanos a quienes decimos defender o proteger. Lo único que se hace es extender la agonía de la incertidumbre del propietario, del Poder Judicial y del poseedor de buena fe”, sostuvo el Diputado al tiempo que reiteró: “No he visto censos, datos estadísticos, no sabemos de cuántos juicios estamos hablando”.

Seguidamente, tomó la palabra la diputada por Rosario de Lerma, Griselda Galleguillos, y aseveró: “No tenemos la información precisa de la situación de cada persona. No es lo mismo hablar de una persona vulnerable que vive en la punta del cerro y cría ovejas o un grupo de personas que tal vez especulan beneficios para llamarse pueblos originarios”.

Consideró que “el Gobierno está garantizando que haya más usurpaciones y que aquellos especuladores y terratenientes busquen el tecnicismo legal para seguir teniendo beneficios”, y anticipó que no apoyaría el Proyecto ya que le parecía “una ridiculez”.

En primera persona

Muy fuerte la palabra ridículo, la palabra inconstitucional”, expresó con malestar ante sus pares el diputado por Rivadavia, Rogelio Segundo. “El que no sabe, el que no vive dentro del dolor que pasa el pueblo indígena y el pequeño granadero criollo, podemos decir cualquier cosa sin cuidado de nuestro vocabulario”, agregó.

Ante un recinto en silencio, habló de su experiencia en un reclamo en Santa Victoria Este que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “No hace falta ser doctor en leyes cuando uno quiere proteger al pueblo de gente que se aprovecha de la vulnerabilidad del campesino criollo y del pueblo indígena”, enfatizó y luego cuestionó: “¿Será constitucional desalojar a una persona que vive ya la cuarta generación? Gente que tiene plata, más vale que tiene que tener propiedades para el futuro de ellos. Pero ellos sabiendo que había gente dentro de esas tierras, las compraron”.

“Sé muy bien de esto. Hasta hace poco sufrí, cuando recién asumí como diputado, en las comunidades de La Unión el propio intendente sacándole tierras a sus votantes”, continuó Segundo para luego aseverar: “En la ruta 81 hay propiedades de los Romero, de Macri, de Susana Giménez, de Tinelli”.

En el mismo sentido, la diputada Mirtha Miller hizo alusión al reclamo permanente del Frente Nacional Campesino. “No tienen centro de salud, no tienen caminos, o están en muy mal estado y tienen que pedir permisos. No tienen ninguna solución por parte del gobierno”, describió al tiempo que resaltó que en muchos casos son empresas extranjeras o nacionales las que buscan hacerse de los terrenos que luego son señalados “en conflicto”. “Se atribuyen ser dueños gente que estuvo en el gobierno, exfuncionarios con mucho poder”, aseveró.

“En La Esperanza, en Rivadavia, criollos y comunidades indígenas están dentro de tierras privadas y el gobierno no les puede hacer una escuela ¿Será constitucional eso? Estar donde siempre hemos vivido, donde nuestros ancestros vivieron. Ridículo, será”, remarcó el diputado Segundo y agregó: “No porque tengas una valija de plata sos más gente que los pobres. No es así. Hay gente que vive de los pobres y están quitándole sus tierras”. “Aquí hay cosas que quizá yo no entienda porque no sé mucho de leyes, pero esta ley nos sirvió porque se formó una Unidad Ejecutora, están trabajando, y el que no sepa que vaya a preguntar a esta Unidad Ejecutora”., concluyó en una clara referencia a la falta de información que argumentaron sus pares.

Inconstitucionalidad

El diputado José Gauffín, uno de los cinco votos en contra, afirmó que los juicios por desalojos son “entre privados”. “Estamos legislando para postergar el problema un año más”, opinó y aseguró que “estas prórrogas incentivan a aquellos actos ilegales de quienes no son ocupantes ‘históricos’”. “Deberíamos asistir a aquellas familias a las que les va a llegar una sentencia de desalojo”, dio por sentado.

Los dichos respecto a una supuesta inconstitucionalidad de la normativa aprobada ayer, a los que se plegaron Roque Cornejo y Guillermo Durand Cornejo, fueron desestimados por Villamayor, quien aseguró que “no existió tal planteo de inconstitucionalidad”.

Además, citó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y subrayó: “La razonabilidad y la temporalidad son principios fundamentales para que no caigamos en la inconstitucionalidad”.

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