El intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, aún no confirmó la fecha de pago de los sueldos de junio para los empleados municipales. La falta de definiciones, el pago a duras penas del aguinaldo y la deuda con proveedores, reavivó la mirada sobre la ciudad cabecera del Departamento San Martín, y en particular sobre su estado financiero.
En redes sociales el comentario que más circula es que el jefe comunal se habría patinado más de $500 millones en la organización de las fiestas patronales. Tamaña ingenua opulencia de ser cierta resulta grosera para un gobierno que no tiene un calendario de compromisos. Como fuese, lo cierto es que mostró una imagen de localidad prospera.
En ese contexto, el viernes pasado, el ministro de Economía Roberto Dib Ashur visitó Tartagal con la excusa de brindar una charla sobre el rumbo economico y mantuvo un encuentro con el intendente en el que le habría exigido una serie de puntos a cambio de liberar los fondos que son aproximadamente $900 millones mes para cubrir sueldos, cargas sociales y aguinaldo.
La provincia tiene los recursos, pero no los distribuye automáticamente: los libera según un criterio selectivo de la mesa chica gobernante, lo que dejó a varios intendentes “pendientes del visto bueno” de los designios del titular de la cartera economica.
De promesa joven a intendente bajo fuego
Hernández Berni asumió en 2023 luego de ganarle la intendencia al radical Mario Mimessi. Representó un recambio generacional y se proyectó rápidamente más allá de Tartagal. Sin embargo, siempre buscando un equilibrio entre el kirchnerismo y el saencismo terminó finalmente sometido a la caja de Sáenz.
A la tensión financiera se suma el impacto del nuevo esquema de aportes al Instituto Provincial de Salud (IPS). La provincia resolvió descontar $121.000 por cada trabajador municipal afiliado, una cifra que los municipios no pueden cubrir, dado que la mayoría de los empleados cobran sueldos muy bajos y en negro.
Frente al reclamo generalizado de los intendentes, el gobernador Gustavo Sáenz resolvió asistir a los municipios a través del Fondo Compensador, que representa apenas el 1,5% del total de recursos coparticipables. La medida busca contener el descontento, pero es solo un paliativo con vencimiento en diciembre.
Mientras tanto, muchos municipios salteños apenas lograron pagar sueldos con adelantos de coparticipación, lo cual significa que hipotecan meses futuros. La suspensión de la obra pública nacional y la falta de actualización en las partidas presupuestarias terminan por completar un escenario que deja a los jefes comunales sin margen de maniobra.
Como suele ocurrir después de las elecciones, los que tienen la lapicera empiezan a mostrar sus verdaderas formas. La dependencia por ahora seguramente seguirá. Hernadez Berni, por lo pronto, tiene que hacer bien los números y anunciar el pago de sueldos y deudas pendientes.