La salida del gerente del Hospital Joaquín Castellanos llega tras una fuerte presión social. Detrás del nombre propio, asoma una crisis estructural que el Gobierno no logra tapar.
La renuncia de Daniel Rallé a la gerencia del Hospital Joaquín Castellanos no sorprendió a nadie. Llegó tarde, empujada por una combinación explosiva: la muerte de Matías Tejada, denuncias por mala praxis y una comunidad que salió a la calle a exigir respuestas. Cuando la presión se volvió inocultable, la salida dejó de ser una opción y pasó a ser una necesidad política.
El caso sacudió a General Güemes y expuso algo más que un error puntual. “Nadie daba la cara”, reclamaron familiares del joven fallecido, en medio de protestas que crecieron con los días. La escena no es nueva en la salud pública salteña: fallas en la atención, demoras, desorganización y un sistema que reacciona solo cuando el conflicto ya estalló.
Pero hay un dato que atraviesa toda esta historia y que no puede omitirse: Daniel Rallé es hermano del diputado provincial Germán Rallé, uno de los legisladores más alcahuetes del oficialismo. En una provincia donde los vínculos políticos suelen mezclarse con la gestión, ese parentesco agrega una capa más a un escenario ya cargado.
La salida de Rallé, lejos de cerrar el conflicto, vuelve a poner en discusión cómo se sostiene un sistema sanitario que acumula advertencias sin cambios de fondo. Por el momento, se supo que el médico Carlos Rivas será su reemplazante. Más allá del nombre propio, resta saber las condiciones en que llegará esta nueva conducción. Porque, si a ese hospital no le dan los recursos que necesita y nada cambia, el final de Rivas será el mismo que el del hermano del diputado.
Denuncias y mala praxis: el fracaso sanitario en el Hospital de Güemes