Exjueces, abogados y profesores universitarios alertaron respecto a que la hipótesis de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) viola una «garantía elementalísima», como lo es la defensa en juicio de las personas y sus derechos, no sólo para la Argentina sino para todos los países democráticos del mundo.
Fue rotundo el rechazo que generó la idea de Patricia Bullrich de grabar las conversaciones entre los detenidos y sus abogados defensores. Juristas y académicos consideraron que se trata de una propuesta «ilegal» y «prohibida» en Argentina por la Constitución Nacional, al igual que en «todos los Estados democráticos» del mundo y a diferencia de lo que ocurre en naciones regidas «por la ley de la selva».
Exjueces, abogados y profesores universitarios alertaron que la hipótesis de la candidata viola una «garantía elementalísima», que es la defensa en juicio de las personas y sus derechos, no sólo para la Argentina sino para todos los países democráticos del mundo.
«Distingue sin remedio los Estados democráticos de aquellos en que se pretende que rija la ley de la selva o fuerza bruta de las bestias», graficó en diálogo con Télam Raúl Ferreyra, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires.
Explicó que «todas las garantías se encuentran en la escritura fundamental, la Constitución, para autorizar la certeza en las relaciones porque, sin certeza, no hay paz» y advirtió: «En suma, dime las garantías y te diré que tipo de Estado promueves y defiendes: si el democrático o la barbarie».
En tanto, el diputado nacional Leopoldo Moreau dijo que no le «llamaban la atención» las expresiones de la postulante de JxC. Sostuvo que, con esa iniciativa, «pretende blanquear lo que ya hicieron (el expresidente Mauricio) Macri, (el extitular de la AFI, Gustavo) Arribas y la propia Bullrich cuando ordenaron escuchar las conversaciones en el penal de Ezeiza y Melchor Romero de los detenidos exfuncionarios kirchneristas» durante el Gobierno de Cambiemos.
La Justicia de Lomas de Zamora concluyó en el 2020 que hubo una coordinación entre el Servicio Penitenciario Federal y la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) durante el macrismo, que permitía la circulación de información sobre los exfuncionarios kirchneristas presos.
«Espero que haya un pronunciamiento masivo de los Colegios de Abogados de todo el país, de la Asociación de Magistrados, de las facultades de derecho a esta propuesta descabellada; el derecho a la defensa no sólo es una institución en Argentina, sino en el mundo entero», expresó Moreau.
Ferreyra reseñó que la garantía de defensa en juicio «fue consignada para tutela de todas las personas» y puso de relieve que «no hay autoridad que pueda arrancarla o borrarla» porque probablemente, «tal como se encuentra redactada en la Constitución, es una de las garantías de esta naturaleza más arraigadas y más antigua en todas las Constituciones del mundo».
El exjuez federal Carlos Rozanski sostuvo, por su parte, que la idea de Bullrich «no es aceptable desde lo ético porque demuestra desprecio por las normas esenciales», pero tampoco lo es «desde lo jurídico porque aspira a un cargo que presupone idoneidad y ella no la tiene». «Se trata de una idea ilegal prohibida por la Constitución. En la mejor de las hipótesis es una lamentable estrategia de campaña. Pero no es ignorancia, es mala fe», opinó.
Al igual que Moreau, Rozanski también vinculó la propuesta de la exministra de Seguridad de Macri con las tareas de «espionaje ilegal» realizadas durante la gestión de Cambiemos.
«Están imaginando un escenario de violencia institucional para sostener un programa económico que va a excluir a 10 o 15 millones de compatriotas y tienen el programa de (el exministro de finanzas de la dictadura, José) Martínez de Hoz como meta y el discurso político de (el represor Jorge Rafael) Videla como sustento de esa Argentina que imaginan», reflexionó Moreau.
Es que la garantía de defensa en juicio, como explicó Ferreyra, «involucra completamente la confidencialidad de las conversaciones entre la persona que se encuentra emplazada en un juicio con su abogado de confianza libremente elegido» y se trata de un principio «inviolable».
La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, consideró que Bullrich «o fue muy mal asesorada o realmente no conoce las normas básicas del proceso penal y del debido proceso». Con todo, encuadró la iniciativa de la candidata en la costumbre de dar «una respuesta simple para resolver problemas graves».
También se pronunciaron en las redes sociales la abogada y candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires de Unión por la Patria (UxP), Graciana Peñafort, quien definió como una «barbaridad» lo dicho por Bullrich y le espetó: «Desconocés la Constitución del país que pretendés gobernar».
De igual modo, el abogado Gregorio Dalbón consideró «nefasta» la manifestación de la titular del PRO en uso de licencia y planteó: «No es una burrada, es proponer que no exista el derecho a defensa. ¿Cuándo pasó eso? En dictaduras y fascismos».
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