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miércoles, febrero 19, 2025

Revés judicial para Romero: rechazó a su pedido para que Google desligara su nombre de casos de corrupción

El eterno senador nacional pretendía que eliminaran todos los links a sitios que señalaban las causas en la que está involucrado. La Justica rechazó el pedido y ahora deberá pagar casi $2 millones por las costas del caso.

Juan Carlos Romero, que ya lleva ocupando la banca ininterrumpidamente su banca en el Senado nacional desde 2007, demandó a Google pretendiendo que el sitio borre todo registro suyo o datos personales que estén asociados con “corrupción”. Sin embargo, la Justicia rechazó ese pedido de forma terminante.

La demanda iniciada por el eterno senador nacional data de febrero del año 2020. Allí, Romero promovió una acción de habeas data contra Google INC “a fin de que se le ordene a la accionada que suprima de sus archivos, registros, bases o bancos de datos los datos personales relacionados a él”.

Romero se veía perjudicado cuando en el buscador de Google se escribía su nombre y apellido y aparecían noticias con información sobre sus casos judiciales que todavía enfrenta. Según el senador se trataba de “información falsa”.

El legislador nacional también señaló en ese momento que en el sitio Wikipedia “lo vinculan con actividades delictivas de suma gravedad, con las que no sólo no tiene ninguna relación, sino que además la información allí alojada no se compadece con la realidad”., según el fallo del Juzgado Civil y Federal 4.

El fallo agrega: “Detalla que se afirma en forma enfática que durante su mandato como senador debió enfrentar una decena de causas por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos y negociados durante su paso por la Gobernación Provincial de Salta en los años 1.995 y 2.007 y apropiación de tierras, llevando uno de esos hechos (no se especifica cual, porque no existe) a que la justicia salteña solicite su desafuero”.

Y añade: “Asevera que resulta aún más grave que el propio buscador a través de su sistema ‘google instant’ o ‘google sugerencias’, sugiera búsquedas tales como ‘Juan Carlos Romero delincuente’ o ‘Juan Carlos Romero corrupción’”.

Meses después, Romero tuvo la primera respuesta de Google: “El sitio solo es un motor de búsqueda y que no tiene nada que ver con el contenido de los diferentes sitios”.

Google señaló que “la búsqueda, recepción y difusión de ideas de toda índole a través de Internet se encuentra comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión”.

El fallo judicial manifiesta que “la pugna entre el derecho al honor y a la intimidad, por un lado, y la libertad de expresión, por el otro, debe resolverse teniendo en cuenta la ya apuntada importancia que tiene esta última dentro del régimen republicano y democrático de gobierno. Asimismo, en lo que atañe específicamente al resguardo de la intimidad y del honor, es relevante el carácter ‘público’ de la persona involucrada en la noticia y el ‘interés’, asimismo, ‘público’ del tema divulgado”.

Ahora, como consecuencia de este intento de Romero por censurar a Google, fue condenado a pagar los honorarios de los involucrados: $619.950 y $867.930 para los abogados que intervinieron, además de $371.970 para un perito informático.

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