Mientras sus ministros advierten los efectos devastadores del ajuste, el gobernador prefiere sostener su alianza con el Gobierno, aún cuando la motosierra ya dejó heridas profundas en la provincia.
Mientras el deterioro social y económico golpea a Salta, y cada vez más sectores cuestionan el rumbo libertario, en el entorno del gobernador Gustavo Sáenz se escuchan voces que piden “parar la motosierra”. Algunos ministros y referentes oficialistas admiten que el feroz ajuste ya no es sostenible y que las consecuencias se sienten con crudeza en los barrios, los hospitales y las escuelas.
Sin embargo, esa incomodidad interna no se traduce en una postura clara del gobernador. Sáenz, lejos de marcar distancia, sigue cultivando su buena relación con Javier Milei. Evita los cruces, esquiva los cuestionamientos y, cuando puede, busca mostrarse como un aliado “dialoguista”, incluso cuando la Nación recorta fondos, paraliza obras y asfixia a las provincias.
En las últimas horas, el ministro de Economía de la provincia, Roberto Dib Ashur exigió avanzar con la modificación del esquema de coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y el manejo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). “Los recursos de los combustibles son nuestros, tienen asignación específica, no puede quedárselo otro nivel del Gobierno porque son cuestiones marcadas por la ley”, aseveró.
“Las provincias piden que se transfiera lo que Nación está debiendo, es de todos los argentinos para obras determinadas, tenemos una visión de un país que debe conectarse, esa es la discusión, pero la situación ya no da para más”, agregó Dib Ashur.
Otro de los ministros de Sáenz que pidió parar con lo motosierra es el de Salud, Federico Mangione, quien se refirió a la decisión del PAMI de terminar con la atención en el Hospital Militar. Advirtió que la situación genera “una presión directa sobre el sistema público”.
Esta contradicción, la de tener a sus funcionarios reclamando y al propio mandatario “arreglando”, empieza a incomodar incluso dentro de su propio gabinete. Algunos advierten que el precio de esta subordinación es alto: el deterioro de los servicios públicos, el aumento de la conflictividad social y una creciente sensación de abandono entre los salteños.
En privado, muchos de los funcionarios reclaman que Sáenz eleve la voz, que exija lo que le corresponde a la provincia, y que no siga actuando como si todo estuviera bien.
Pero Sáenz parece tener otra lógica. Prefiere la moderación, la negociación silenciosa y el cálculo político. Cree que enfrentarse a Milei podría ser más costoso que seguir aguantando. El problema es que, mientras él especula, la motosierra no para y Salta sigue perdiendo.