En medio de la denuncia millonaria contra la minera, el secretario de Minería reconoció irregularidades en el manejo de contrataciones y pidió mayor control sobre las empresas que operan en Salta.
El conflicto con la minera Posco ya no se limita a un expediente judicial: escaló a nivel político. En medio de una denuncia millonaria impulsada por un proveedor local, desde el propio Gobierno provincial admitieron que hubo problemas en el manejo del proyecto.
El secretario de Minería y Energía de la provincia, Gustavo Carrizo, fue directo al referirse al caso: “faltó transparencia”, reconoció, en línea con los cuestionamientos que vienen planteando empresas salteñas sobre cómo se distribuyen los contratos dentro del negocio del litio.
Pero no se quedó ahí. El funcionario también marcó un límite hacia adelante: “mientras más minería hay, es necesario mayor control”, sostuvo por FM Infinito, al plantear que el crecimiento del sector obliga a reforzar los mecanismos de fiscalización sobre las compañías que operan en la provincia.
En ese marco, Carrizo puso el foco en un punto sensible: los proveedores locales. “Hay que considerar a los proveedores como socios estratégicos”, afirmó, en una definición que expone el trasfondo del conflicto y la disputa por quiénes participan del circuito minero.
El reclamo no es nuevo, pero ahora tiene otro peso. Empresas salteñas vienen denunciando falta de acceso a contratos y condiciones poco claras en la relación con grandes firmas internacionales. La causa judicial contra Posco, con un embargo millonario en juego, terminó de poner el tema sobre la mesa.