La línea de gestión de Emiliano Duran tiene una prioridad bien clara: recaudar todo lo que se pueda, como se pueda. Y en ese plan, el Tribunal Administrativo de Faltas se convirtió en pieza clave. Días atrás, el Concejo Deliberante aprobó una modificación a la ordenanza que regula el organismo, flexibilizando el requisito para ocupar la coordinación administrativa. Donde antes se exigía ser abogado, ahora basta con tener un título universitario. ¿El resultado? Alejandro Levin, que ya venía operando en los hechos, fue oficializado.
La movida no pasó desapercibida. Desde la oposición —especialmente bloques de La Libertad Avanza y el PRO— cuestionaron que el cambio normativo se hizo exclusivamente para habilitar la designación de Levin, sin concurso, sin debate técnico y sin criterios de idoneidad definidos.
El argumento oficial fue que se buscaba “ampliar el perfil del cargo”, pero en los pasillos del Concejo y del Centro Cívico Municipal, la lectura fue más directa: había que poner a alguien que cumpla objetivos de recaudación. Y ese objetivo, en este caso, es mucha más plata.
En los últimos meses, se intensificaron los controles de transito, aumentaron las infracciones labradas y se ajustaron los procesos internos para hacer más “eficiente” el sistema. Desde el municipio lo venden como ordenamiento; para comerciantes, vecinos y automovilistas, la sensación es que se volvió una fábrica de multas.
Con el cambio aprobado y Levin oficializado, el Tribuanl de Faltas deja de ser un organismo para convertirse en una agencia de recaudación municipal fuerte, directa y constante.
Es la apuesta de una gestión que eligió priorizar el cobro de infracciones por sobre la experiencia técnica. La cifra de deudas pendientes por sanciones que tramita el TAF es un misterio y si hay algo que Levin tiene, es experiencia en detectar contribuyentes en falta.
Enrique Briones
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